El Gobierno pide a los jueces rigor en la suspensión de penas a los maltratadores

La secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, instó ayer en Alicante a los jueces y magistrados a que apliquen con rigor la suspensión de penas a los condenados por delitos de violencia doméstica. "No siempre se debe aplicar de manera automática la suspensión de condenas a los maltratadores", dijo Murillo.

La responsable del área de Políticas de Igualdad del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hizo estas declaraciones tras una reunión con el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro. El objeto del encuentro fue unificar criterios respecto a los cursos de reeducación a maltratadores cuya pena haya sido suspendida por los jueces.

La suspensión de condenas está recogida en la última reforma del Código Penal. Según datos de la judicatura, el 60% de las condenas por maltrato se suspenden, extremo que dejaba impune al agresor. Ante esa tesitura, la Audiencia de Alicante puso en marcha el año pasado un curso de reeducación a maltratadores con pena suspendida. Esta iniciativa se ha recogido ahora en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

No obstante, Murillo insistió que los cursos de rehabilitación se deben enmarcar "en un contexto donde el sujeto perciba que ha cometido claramente un delito, y en ámbito de instituciones penitenciarias". "De lo contrario", añadió, "se puede dar la sensación de que al matratador se le conmuta la pena por un curso".

El presidente de la Audiencia compartió la tesis de la representante del Gobierno y recalcó que la experiencia de la Audiencia "iba dirigida a un reducido grupos de maltratadores y , en todo caso, siempre se les dejó claro que el curso no suponía la conmutación de la condena". Según Magro, en Alicante se produjeron el pasado año 3.500 condenas por malos tratos, "y en el curso sólo han participado 48 maltratadores".