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¿Incompetencia, imprevisión o algo más?

El 22 de enero de 2005 se cerró la planta de residuos de Ador, en ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia dictada el 13 de abril de 2004. La orden de cierre obedece a las deficientes condiciones en las que se estaba tratando la basura, las molestias que ocasionaba a los ciudadanos y la contaminación ambiental producida. Esta situación se debía a que la planta venía recibiendo el doble de los residuos que podía tratar. Dimensionada en 1991 para 70.000 toneladas/año como máximo, las entradas reales superaban las 100.000 toneladas en los últimos años. Esta situación era de sobra conocida y ya el Plan Integral de Residuos determinó en 1997 las instalaciones que se debían construir. En consecuencia, la Generalitat Valenciana ha tenido siete años para aplicar la solución definitiva que ella misma había aprobado para la gestión de los residuos de esa zona y casi un año para prever un destino provisional a las basuras que se enviaban a Ador. No estamos, pues, ante una situación inesperada a la que no ha sabido reaccionar el conseller Blasco (responsable de la planificación de los residuos y por tanto de indicar a los Ayuntamientos afectados un destino alternativo para su basura), sino ante una imprevisión dolosa; un incumplimiento consciente de sus obligaciones que ha ocasionado un enfrentamiento entre municipios y un conflicto social que en cualquier país serio hubiera supuesto la dimisión de su responsable.

Esta situación no es excepcional. La Generalitat viene comportándose de forma desleal con sus Ayuntamientos, que son los que tienen la responsabilidad de recoger, tratar y eliminar los residuos que generan sus ciudadanos, pero sometiéndose a las indicaciones autonómicas. Ante la falta de actuación del Consell, han tenido que verter sus residuos donde han podido. La consejería clausura esos vertederos incontrolados aduciendo el peligro de contaminación que suponen, pero no ofrece ninguna alternativa, de forma que los Alcaldes tienen las manos atadas. Una situación así no podía mantenerse mucho tiempo sin que acabara explotando y ha comenzado a hacerlo. Los conflictos surgen a diario y lo injusto es que son los Ayuntamientos y los ciudadanos los que sufren las consecuencias, mientras que el auténtico responsable, el conseller Blasco, se lava las manos.

Han sido necesarios once años para que los planes zonales de residuos estén terminados, aunque aún deberán pasar varios años más hasta que las instalaciones previstas estén construidas. Mientras tanto el caos y la crispación todavía pueden aumentar. La sentencia que declara ilegal el vertedero de Dos Aguas arroja graves incertidumbres sobre el futuro destino de las 750.000 toneladas de residuos que anualmente recibe desde el área metropolitana de Valencia. La planta de Guadassuar tampoco podrá tratar los residuos de esa misma zona durante el año y medio que dure la construcción de la nueva planta de Fervasa. Y así muchos casos más, todos ellos consecuencia de la imprevisión y de la incompetencia a que nos están acostumbrando los responsables de la gestión de residuos en los sucesivos gobiernos del PP.

Pero hay algo más que imprevisión e incompetencia en la política de residuos del Consell. Los planes zonales huelen peor que la basura sobre la que tratan. Los escasos datos que se han podido conocer indican que han sido una vez más los intereses económicos, y no los ambientales, los que han resultado determinantes en su redacción. Por ejemplo, el plan zonal de la ciudad de Alicante fue encargado por la Consellería a su empresa pública, Vaersa, que a su vez subcontrató este trabajo con Inusa, que casualmente es la empresa que ha construido la planta de compostaje y el vertedero de Alicante. Es decir, primero se hace la planta y después se redacta el plan para imponer su utilización. Lo mismo ha ocurrido con las plantas de Villena y Xixona, construidas por Vaersa antes de que ella misma redactara el plan zonal que las impone como obligatorias. Evidentemente las empresas que han redactado el plan o construido las plantas se han asegurado una situación de privilegio para lograr la adjudicación de la gestión de los residuos en el concurso que se celebre a consecuencia del plan zonal. Concurso al que Vaersa no se presentará como empresa pública sino como entidad privada en sociedad con otras empresas, que de esta forma se beneficiarán de las inversiones públicas realizadas. El resultado será que los vecinos acabarán pagando la tasa que les impongan, sin posibilidad de elección.

En el resto de la Comunidad el escenario diseñado por los planes zonales tiene el mismo objetivo de permitir al PP controlar el negocio de los residuos. Los Ayuntamientos están siendo abocados a integrarse en consorcios en los que la Generalitat Valenciana y las Diputaciones representan el 40% de los votos y los Ayuntamientos el 60%. Estos consorcios son los que han de convocar un concurso para adjudicar la gestión de los residuos de su zona, por lo que el PP controla la decisión. Indudablemente ha sido la voluntad popular la que ha decidido quién dirige esas instituciones y está plenamente justificado que todas las administraciones que comparten competencias en materia de residuos colaboren en su gestión. Pero aquí no existe tal colaboración, ya que ni las Diputaciones ni la Generalitat se comprometen a aportar dinero para afrontar la financiación de las instalaciones ni la prestación del servicio. Todo ello correrá a cargo de los Ayuntamientos, que deberán repercutirla al ciudadano a través de la correspondiente tasa. En consecuencia, los consorcios se han diseñado exclusivamente para influir en la decisión sobre la empresa que finalmente resultará adjudicataria.

La gestión de residuos planificada por el PP es un puzzle cuyas piezas se han pulido durante once años para que encajen en su beneficio. En ese tiempo los ciudadanos hemos tenido que sufrir las consecuencias de un caos que no existe en ningún otro territorio de España y pagaremos en el futuro los costes adicionales que esta madeja de intereses comporta.

Francesc Signes es secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV.

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