El juez que tutela al Las Palmas ordena embargar 40 millones a la federación

El juez Juan José Cobo Plana, titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil de Las Palmas, ordenó ayer el embargo de los bienes y las cuentas de la Federación Española de Fútbol y los ingresos que pudiera percibir por 40 millones de euros -en los que estima los perjuicios que causaría al club que tutela- si no tramita las licencias definitivas del entrenador de la UD Las Palmas, Carlos Sánchez Aguiar, y los jugadores, tanto de la primera plantilla como de los filiales, antes del partido del próximo domingo. La federación se niega a hacerlo por las deudas del club con el técnico anterior.

El juez Cobo no está dispuesto a que los reglamentos deportivos se eleven sobre el ordenamiento jurídico que rige cualquier sociedad anónima, sea un club de fútbol o una mercantil. De ahí, la trascendencia de sus actuaciones, sin precedentes en el fútbol español, acostumbrado a regirse por sus normativas y al que produce calambres el hecho de que un club, un técnico o un futbolista recurra a los tribunales ordinarios.

En este caso, Cobo no sólo ha ordenado el embargo, sino que también ha dado traslado al ministerio fiscal de la reiterada desobediencia federativa por si pudieran derivarse responsabilidades penales y civiles. La federación ha hecho caso omiso de los autos judiciales exigiéndole que tramite las licencias definitivas de su actual técnico, Carlos Sánchez Aguiar, y tres jugadores a los que el club pretende inscribir en el mercado invernal. Ayer, poco antes de la una de la tarde -hora canaria-, la federación remitió un fax al club, firmado por su secretario general, Jorge Pérez. En el escrito se informa de la decisión adoptada por la junta directiva de tramitar por quinta vez "con carácter provisional" la licencia de Sánchez Aguiar y aceptar por primera vez la "inscripción provisional" de los nuevos jugadores. Una hora después de recibir el fax, el juez, que tutela el proceso concursal en el que está inmersa la UD Las Palmas desde el 5 de noviembre de 2004, respondió con la orden de embargo y su escrito al ministerio fiscal. La gota que colmó el vaso de su paciencia fue el segundo párrafo del comunicado federativo: "(...) esta autorización provisional quedará expresamente sujeta a las pertinentes decisiones jurisdicionales que sobre esta materia pudieran recaer, y la ulterior revisión, que en su caso acuerde la Real Federación Española de Fútbol". El juez subraya en su auto que "las sociedades anónimas deportivas se someten a las disposiciones del resto de sociedades mercantiles (...), por lo que la Real Federación Española de Fútbol nunca puede dictar normas o acuerdos que vayan en contra de la legalidad general, ya que de lo contrario estaría al margen del propio ordenamiento jurídico, que es lo que se está produciendo en este caso, ya que la federación pretende estar al margen del Estado de derecho".

Bernardo Pinazo, uno de los administradores concursales de la UD Las Palmas en representación de la auditora Price Waterhouse & Coopers y ponente de la ley Concursal, explicó que la posición de la federación se asemeja "a la de una comunidad de vecinos que elabora unos estatutos que ignoran la Ley de Propiedad Horizontal". Cobo no ha tenido más remedio que hacer valer el Estado de derecho.

La negativa de la federación parte de la decisión del juez de no proceder a la liquidación de las deudas del club con el predecesor de Sánchez Aguiar, David Amaral, ante la inminencia de un expediente de regulación de empleo que afectará al personal deportivo y no deportivo. Después de varios días de negociación, Amaral exigía cobrar lo estipulado en su contrato y no se avenía a ningún acuerdo. Cobo ordenó el 10 de diciembre de 2004 a la federación que ignorara cualquier reclamación y reiteró que la competencia del juzgado de lo mercantil es "exclusiva y excluyente". A su vez, ordenó que se tramitara la licencia provisional de Sánchez Aguiar. La federación accedió, pero solicitó respetuosamente mayor información. Hasta ese momento parecía lógico. Era la primera vez en el fútbol español que un entrenador era apartado de sus funciones, no destituido, y seguía cobrando mensualmente en espera de la regulación de empleo, que se presentará el lunes. Cobo dictó otro auto el 3 de enero en el que decretó que quedaran sin efecto "los embargos que recaigan sobre bienes y derechos de la UD Las Palmas". El 11 de enero ordenó que se tramitara la licencia y ficha federativa definitiva del entrenador y que se expidieran y renovaran las de los futbolistas. Para entonces, la federación ya había comunicado a la territorial de Las Palmas que se suspendían los servicios federativos que el club requiriera.

Prevaricación y complicidad

En su auto de ayer, Cobo es tajante y sostiene que, con su actitud, la federación "está instando" a los administradores concursales y al propio juez "a la comisión de un delito de prevaricación al pretenderse que, a sabiendas, se dicte una resolución judicial manifiestamente injusta para que se beneficie de un modo que la ley Concursal no permite a unos acreedores (entrenadores y futbolistas) en perjuicio de todos los demás". Agrega que "la conducta de la federación puede conllevar que ésta sea declarada cómplice de la liquidación de la sociedad concursada", es decir, de la UD Las Palmas.

Hasta el pasado miércoles la federación no mantuvo ningún contacto con el juez ni utilizó los mecanismos previstos por la ley para recurrir las decisiones de Cobo o presentar alegaciones. Fue en la mañana de ese día cuando sus servicios jurídicos telefonearon al juez, con quien mantuvieron una larga conversación. Cobo dio de plazo hasta las 12 de ayer para que acatara sus resoluciones. Como no fue así, remitió estas actuaciones al Ministerio Fiscal, al entender que la federación "se niega a cumplir dos resoluciones judiciales", para que se investigue si de las actuaciones federativas se derivan "responsabilidades penales y civiles".