El Consejo Escolar aprueba por consenso un catálogo de propuestas sobre la reforma educativa del ministerio

El Consejo Escolar Valenciano (CEV) ha dado un paso adelante respecto a los trabajos para la reforma educativa y ha aprobado un documento de "consenso" en el que se amplían las propuestas remitidas por el Ministerio de Educación en áreas como, por ejemplo: la adopción de medidas para la atención a la diversidad, la implementación de tutorías y de acciones compensatorias para reducir el fracaso escolar desde el nivel de Primaria, además de conceder especial importancia al "carácter educativo del nivel de Educación Infantil" y de apostar por fomentar en todas las etapas el "compromiso pedagógico entre las familias y la escuela" y entre "padres y profesores".

El texto que ha sido discutido en la Comisión de Planificación General de la Enseñanza -y que se aprobó el pasado 21 de diciembre- será presentado, de manera oficial, la primera semana de febrero en Zaragoza en el encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado organizado por el Ministerio de Educación.

Propone el "pago delegado para profesorado de Religión contratado por las distintas confesiones"

El Gobierno valenciano espera, según confirmaron ayer fuentes oficiales de Educación, que el documento de consenso pactado -con alguna "consideración" a parte, fundamentalmente, de la patronal de centros de enseñanza religiosos- sirva de "marco de referencia común" en aquellas comunidades gobernadas por el PP.

De entrada, la ministra socialista María Jesús Sansegundo se mostró el lunes convencida de la posibilidad de que el Gobierno socialista y la primera fuerza de oposición, el PP, puedan alcanzar un "pacto de Estado" por la educación, según han confirmado a este periódico fuentes de la ejecutiva socialista valenciana, tras el encuentro sostenido por el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, con Sansegundo en Madrid.

No obstante, temas espinosos como la batalla impulsada por la Conferencia Episcopal y ciertos sectores más derechistas del PP para mantener la "obligatoriedad" y carácter "evaluable" de la enseñanza de la Religión -y, por tanto, forzar al ministerio a tener que implantar una asignatura alternativa a la versión confesional- se mantienen abiertos también en el documento valenciano. Aunque, con matices que indican un cierto avance en aras del consenso con el resto de sindicatos, agentes sociales y representantes de las Administraciones que integran el CEV.

De hecho, según CC OO -que ha impulsado el procedimiento de trabajo por consenso en vez de por votación para que las organizaciones que promueven objeciones defiendan sus alegaciones de manera nominal (a fin de evitar que los disensos se oculten detrás de los votos)- considera "un avance" el hecho de que por vez primera se proponga que "el profesorado de Religión ha de ser contratado por las distintas confesiones religiosas", pero "con pago delegado por parte de la Administración".

Una medida, bien vista tanto por la Administración central como por la autonómica, ya que excluiría los posibles conflictos laborales surgidos entre docentes y la Conferencia Episcopal del ámbito de competencia de las Administraciones Públicas, y serviría además para consolidar la nómina salarial y prestaciones de dicho profesorado ya que el Estado se lo transfería directamente a su cuenta. Es en este punto donde la Concapa (confederación católica de padres de alumnos) y la patronal Educación y Gestión presentaron alegaciones, especificando que consideran necesario "un nuevo estatus jurídico del profesor de Religión, pero respetando sus peculiaridades".