Salud abre expediente sancionador al Hospital del Mar por cuatro contagios de hepatitis C

El Departamento de Salud de la Generalitat ha abierto un expediente sancionador al Hospital del Mar de Barcelona por los cuatro contagios por hepatitis C que se produjeron en la unidad de radiología del centro el pasado verano como consecuencia de un error en la manipulación de jeringuillas. El hospital, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, privatizó hace dos años el servicio de radiología.

De acuerdo con un comunicado hecho público ayer por la Dirección General de Salud Pública, el expediente sancionador, que se halla en fase de instrucción, debe servir para "determinar las posibles responsabilidades" del contagio.

Las investigaciones realizadas por el propio hospital, que ahora deberá validar la Generalitat, indican que el contagio de los cuatro pacientes se produjo cuando el personal técnico que inyectó el material de contraste a los pacientes que iban a someterse a un escáner manipuló las agujas con las manos contaminadas por jeringuillas usadas anteriormente por un afectado por hepatitis C crónica. Este error no se produjo una vez, sino dos, concretamente los días 11 y 25 de junio de 2004.

Los análisis se han realizado a todas las personas que se sometieron a una tomografía computarizada con material de contraste entre el 15 de mayo y el pasado 15 de agosto. El director general de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Plasència, explicó ayer que el caso "no está cerrado" y que la Generalitat, junto a la Agencia de Salud Pública de Barcelona, seguirá investigando para hallar las causas concretas del brote.

Sin embargo, el director general de Salud quiso lanzar un mensaje tranquilizador asegurando que "el brote en sí está cerrado con los cuatro casos detectados".Dos de los cuatro afectados por el contagio de hepatitis C ya han emprendido medidas legales contra el Hospital del Mar. El servicio de Radiología del hospital fue privatizado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2002 y está gestionado por la empresa CRC-Mar.

El grupo CRC Corporació Sanitaria controla el 69% de las acciones de la sociedad y el hospital municipal mantiene el 31%. Esquerra Republicana ya ha solicitado, mediante una pregunta parlamentaria, que se investigue si la privatización del servicio puede haber comportado una relajación de las medidas de seguridad y control, algo que la dirección del Hospital del Mar niega rotundamente. El primer contagio fue detectado el pasado 25 de julio y le sucedieron otros dos el 12 de agosto. Cuando los responsables del centro se percataron de que estos pacientes habían pasado por el servicio de Radiología, se abrió una primera investigación. Nada se hizo público del caso hasta el 8 de octubre. Una vez encendida la alerta, al visitar a otros pacientes del servicio de Radiología se diagnosticó un cuarto caso, con el que el brote se dio por controlado.

En aquel momento, la dirección del centro quiso cerrar el caso afirmando que los contagios se debieron a "un error humano", pero sin aclarar ni en qué servicio del hospital se habían producido ni por qué razones. No fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando el hospital reconoció el origen del brote y anunció una nueva investigación pormenorizada, cuyos resultados todavía no se conocen, para detallar las causas de las infecciones. Fuentes del centro sanitario explicaron ayer que no existen dos investigaciones paralelas, sino una, la que coordinan la Generalitat y la Agencia de Salud.

Condena de 120.000 euros

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al Instituto Catalán de las Salud (ICS), organismo dependiente de la Generalitat, a indemnizar con 120.000 euros a un paciente que adquirió el virus de la hepatitis C hace 13 años en una transfusión de sangre en el hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat.

Amalio P. S. se sometió en 1992, en Bellvitge, a una transfusión de sangre requerida por una operación. Tras la intervención, el hombre sufrió un "aumento paulatino" de las transaminasas y en 1996 le diagnosticaron hepatitis C. El paciente decidió interponer una reclamación ante el Departamento de Sanidad, que fue desestimada, por lo que recurrió a los tribunales. El abogado de la Generalitat se opuso a la demanda alegando que no "existía nexo causal" entre la enfermedad y la transfusión de sangre.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC recuerda en la sentencia que fue "en el año 1990 cuando se estableció la obligatoriedad de las pruebas de detección de tales anticuerpos en todas las donaciones sanguíneas".