El Ayuntamiento de Granada pagó el derribo 6 días después del siniestro mortal
El Ayuntamiento de Granada abonó 31.026,52 euros a la empresa encargada de ejecutar el derribo en el que murió un inmigrante ecuatoriano sólo seis días después del accidente laboral. El equipo de Gobierno del PP aprobó el pago el pasado 27 de diciembre, tras conocer por varias vías que la contratista municipal, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada, S.L., había subcontratado las obras irregularmente.
La Junta de Gobierno Local, en su reunión ordinaria de ese día, aprobó la única certificación de obras de la constructora por un importe correspondiente al 81,6% del presupuesto total de la demolición, adjudicada por 38.007 euros, pero valorada en 26.559. Ese documento recoge los gastos de personal y material que tuvo la empresa entre el 1 de octubre y 18 de noviembre a pesar de que sus albañiles ni siquiera pisaron el inmueble. La certificación la firma la coordinadora de riesgos laborales del derribo bajo el título de "técnico municipal". El Ayuntamiento niega desde el accidente que esta mujer sea funcionaria.
El 30 de septiembre, la contratista municipal encargó los trabajos a otra constructora (Construcciones Hermanos Rodríguez S.B.) que a su vez los cedió a la del trabajador irregular fallecido (Obras Alsa S.L.). El propietario de esta última declaró en el juzgado tras el accidente que se había comprometido verbalmente a demoler el edificio por 18.000 euros, menos de la mitad de lo que cobró la primera.
Subcontrata
Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. envió por fax al Ayuntamiento su acuerdo de subcontratación de la obra con Construcciones Hermanos Rodríguez el pasado 22 de diciembre, cuatro días antes de que se aprobara el pago.
El mismo día del accidente, la Policía Local de Granada (dependiente del Ayuntamiento) redactó un atestado en el que se daban detalles sobre la empresa para la que trabajaba el obrero fallecido, la cadena de subcontratas, la falta de permiso de trabajo y residencia de parte del personal de la empresa y la ausencia de las más elementales medidas de seguridad con la que se efectuó el derribo.
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