Marruecos sólo ha aceptado la devolución de 106 subsaharianos irregulares desde 1992

Marruecos y España firmaron en 1992 un acuerdo por el que el país magrebí se comprometió a readmitir a los ciudadanos de terceros países que, tras zarpar desde sus costas, fueran detenidos cuando intentaban entrar de forma irregular en España. Pero en los 13 años transcurridos desde entonces sólo ha admitido la devolución de 106 subsaharianos. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que, en los últimos dos años, el número de subsaharianos detenidos en pateras procedentes de Marruecos y del Sáhara Occidental, territorio que ese país ocupa desde hace 30 años, ascendió a 25.000.

La información aparece recogida en una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno a la diputada del Partido Popular María Ángeles Muñoz.

Sólo el título del convenio ("Acuerdo de 13 de febrero de 1992 entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente") ya tiene más letras (152) que aplicaciones prácticas el texto completo (106).

Fue rubricado en Madrid por los entonces ministros del Interior de Marruecos, Driss Basri, y de España, José Luis Corcuera, y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de abril de 1992.

El artículo 1 señala: "Las autoridades [marroquíes] requeridas readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente [España], a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de éste último procedentes del Estado requerido [Marruecos]".

Como si pretendieran avanzar la atención que pensaban prestar en el futuro al convenio que acababan de firmar, las autoridades de Rabat no admitieron ya aquel año la devolución de un solo subsahariano.

El récord de devoluciones (45) se produjo en 1996, primer año de Gobierno de José María Aznar. En 1997 la cifra cayó hasta 25. En 1998 descendió hasta una. Y a partir de ahí y hasta el año pasado los gobernantes de Marruecos no aceptaron una más.

En enero de 2004 el Gobierno del PP publicitó ampliamente el traslado de 30 subsaharianos recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas hasta el aeropuerto de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental. El Ejecutivo presentó aquel vuelo como la prueba de que, por fin, Marruecos aceptaba cumplir el tratado de 1992. Pero fue un espejismo.

Desde el momento en que firmó el acuerdo, Rabat combinó las promesas públicas sobre su inminente cumplimiento con la cruda realidad. Entre los políticos que aseguraron su rápida aplicación a los sucesivos enviados españoles figuran el ex primer ministro Abderramán Yussufi y el actual, Driss Jettú. Y entre los políticos españoles que volvieron de Marruecos anunciando la reactivación del tratado están los dos últimos delegados de Extranjería del PP, Ignacio González y Gonzalo Robles.

El convenio obliga a Marruecos a asegurarse de que los extranjeros que readmita sean enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaron su viaje. También endosa a Rabat los gastos de transporte de cada inmigrante desde España a Marruecos y desde Marruecos a su país de origen.

El artículo 2 establece que "la readmisión [por parte de Marruecos] se efectuará si se prueba, por cualquier medio, que el extranjero cuya readmisión se solicita proviene efectivamente del territorio del Estado requerido [Marruecos]".

En este sentido, la policía española acumula los testimonios de los patrones de las pateras y de los propios inmigrantes con los datos detallados del lugar de Marruecos o del Sáhara Occidental desde el que han zarpado. Pero de nada sirve tan precisa información.

Ayer mismo fue interceptada en Fuerteventura una patera con 36 subsaharianos que habían zarpado desde el Sáhara Occidental. España volverá a pedir a Marruecos que los readmita y traslade a sus países de origen.