Miles de personas rechazan la apertura de comercios los días festivos

Miles de personas recorrieron durante la mañana de ayer el centro de Bilbao para protestar contra el decreto de Gobierno vasco que permitiría la apertura de los comercios ocho domingos y festivos anuales. La movilización, convocada por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, contó con el apoyo de diversas organizaciones de comerciantes y consumidores, así como de las centrales CCOO y UGT, si bien éstas realizaron el recorrido detrás de sus propias pancartas.

En la marcha, una de las más importantes registradas en la capital vizcaína en los últimos años por cuestiones laborales, participaron los secretarios generales de los cuatro sindicatos, así como representantes de Ezker Batua y SA. Los convocados desfilaron desde la plaza del Arriaga hasta la sede del Ejecutivo en Bilbao, al final de la Gran Vía, tras una pancarta con el lema "No a la apertura en domingos y festivos. Jaietan denok jai". Los manifestantes corearon lemas como "Nuestro ocio no es negocio" o "El domingo en Euskadi trabaja el lehendakari".

Al final del recorrido se leyo un comunicado en el que los convocantes reclamaron al Gobierno que "atienda la demanda de la sociedad vasca" y defendieron el actual modelo de autorregulación de apertura en festivos, que supone de hecho que no abran ninguno del año.

Mientras esto sucedía en Bilbao, en Vitoria, el viceconsejero de Comercio y Consumo, Rodrigo García, acusaba a los cuatro sindicatos principales de generar una "falsa alarma" entre los comerciantes frente al decreto de horarios y recordaba que el Gobierno autónomo "no obliga a nadie a abrir" los domingos y festivos.

Los sindicatos saben "perfectamente" que lo único que hace el Ejecutivo es "reducir el techo de posibles aperturas de 66 domingos o festivos [fijada por la regulación estatal, que establece un mínimo de 12 aperturas] a un máximo de ocho, y sólo aquellos que lo quieran hacer", añadió. "Los que nos han pedido la regulación son las federaciones de comercio, el sector y ellos mismos, para evitar la aplicación directa de la norma estatal", recalcó el viceconsejero. García rechazó con énfasis que "no existe ninguna connivencia" en esta materia del Ejecutivo con las grandes empresas de distribución.