Prohibido fumar

Las últimas medidas adoptadas en Italia prohibiendo fumar en lugares públicos son un aviso de lo que se nos avecina. En diciembre, el Ministerio de Sanidad inició la tramitación de la futura Ley de Prevención del Tabaquismo que pretende fijar duras medidas contra la venta y consumo de tabaco y sanciones aún más duras para quienes no las acaten. En el ámbito laboral esta norma supondrá la prohibición de fumar en el centro de trabajo.

En estos momentos no hay en España una ley estatal que prohíba en términos generales fumar en los lugares de trabajo, sin perjuicio de que la dirección de la empresa pueda imponer por su cuenta y riesgo tal prohibición. También muchos convenios colectivos recogen la prohibición de fumar: por motivos de seguridad (pirotecnia o carpintería, por ejemplo), salud pública (alimentación), o por desarrollarse la actividad de cara al público (bingos y tiendas de conveniencia).

La nueva norma trata de esta forma de llenar el vacío existente, con la idea fundamental de proteger la salud de los no fumadores y hacer más fácil su abandono a quienes lo deseen.

Pocos temas hay, sin duda, tan polémicos como éste, en el que la población se halla absolutamente dividida, manifestando a veces posturas irreconciliables. De ahí que la aplicación de la norma en las empresas no vaya a estar exenta de problemas. Pero lo cierto es que el régimen sancionador previsto en la ley es notablemente riguroso y no debe olvidarse que va a ser el empresario el que tendrá que hacer frente al pago de las multas.

Así, "permitir fumar en los centros o lugares en los que exista prohibición de fumar", como ocurre en los centros de trabajo, va a ser considerado como una infracción grave que puede ser castigada con multa de hasta 10.000 euros. Por su parte, la comisión de dos o más infracciones graves en dos años, va a constituir una infracción muy grave, pudiéndose imponer, en este caso, una sanción de hasta un millón.

La efectividad de estas medidas va a depender en parte de los criterios que se sigan en su aplicación. A este respecto, hay que señalar que la norma deja la inspección y sanción de estas infracciones en manos de las comunidades autónomas.