El Consell construye una carretera sin la cual una urbanización privada no podría autorizarse
La antigua empresa del consejero García Antón lleva la dirección técnica de la obra
La Consejería de Infraestructuras ejecuta las obras de mejora de un vial "imprescindible", según un informe de ese departamento, para autorizar una urbanización privada, con campo de golf, en La Vila Joiosa. La dirección técnica de la obra la realiza la ex empresa del titular de Infraestructuras, José Ramón García Antón. El proyecto lo promueve la mercantil Los Almendros, hasta 2003 participada por la mujer del ex presidente del Consell, Eduardo Zaplana. El PSPV de La Vila denuncia supuesto trato de favor al promotor. La Consejería rechaza irregularidades.
La urbanización ocupará más de un millón de metros cuadrados en la partida L'Almiserà, entre los términos de La Vila Joiosa y Finestrat. En concreto el campo de golf reparte los 18 hoyos entre ambos términos. Tras la adquisición de los terrenos -suelo rústico en el caso del término de La Vila, y urbanizable la zona incluida en Finestrat- la mercantil Los Almendros presentó en 2000 un primer proyecto para urbanizar mediante la fórmula de un plan de homologación de las normas urbanísticas, rechazado por el Consell.
En diciembre de 2003, la promotora volvió a la carga, esta vez con un plan parcial que incluía la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Vila, por la calificación rústica de los terrenos. El Ayuntamiento, en manos del PP con mayoría absoluta, ha aprobado inicialmente el proyecto, en la actualidad en fase de exposición.
Es en esta fase de la tramitación, donde, a juicio del grupo municipal socialista del Ayuntamiento, surgen las supuestas irregularidades. El plan parcial de L'Almiserà ha cosechado los informes desfavorables de las consejerías de Cultura e Infraestructuras. En el primer caso, porque el proyecto no incluye medidas para preservar los restos arqueológicos de la zona; y, en segundo, por que el plan no incluye un "necesario" vial para conectar la futura urbanización con la playa.
Infraestructuras pone como condición para autorizar el proyecto la mejora y desdoblamiento de la C-759. El PSPV denuncia que, en paralelo a este informe, Infraestructuras adjudicó, en marzo de 2004, las obras para la mejora de la carretera. El presupuesto de la licitación fue de siete millones de euros.
Los socialistas añaden que la dirección técnica de la obra fue adjudicada a la mercantil Consultores Asociados de Ingeniería Urbanística, SL. Esta empresa pertenecía hasta 1995 al consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y su actual administrador solidario es Rafael Pastor Lillo, cuñado de García Antón.
Fuentes oficiales de Infraestructura rechazaron ayer cualquier irregularidad en el proyecto. El PSPV sostiene lo contrario: "Toda la tramitación del proyecto parece un traje a medida de la promotora", asegura Fanny Serrano, edil PSPV.
El alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, que defiende "la bonanza" del proyecto, descarta irregularidades . "No hay nada irregular. Y en todo caso, el Ayuntamiento de La Vila ha hecho lo mismo que el de Finestrat, gobernado por los socialistas", afirmó ayer Llorca.
Con vistas a Terra Mítica
El proyecto para levantar una macrourbanización en el paraje de L'Almiserà se gesta en paralelo al desarrollo del principal polo de atracción del entorno, el parque temático de Benidorm Terra Mítica. La mercantil Los Almendros, entre cuyos socios iniciales se encontraban familiares del portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, Eduardo Zaplana, adquirieron los terrenos a finales de los noventa, fechas en las que comenzó a fraguarse Terra Mítica.
La adquisición de los terrenos de L'Almiserà por parte de la mercantil tampoco estuvo exenta de polémica. Parte de los terrenos -en concreto 665.958 metros cuadrados- eran propiedad de la Fundación Concepción y Pedro Aragonés, creada dos años antes con fines benéficos. La Generalitat, obligada por Ley a tutelar los bienes de la fundación, tasó la parcela y autorizó el precio de venta. La consejería de Hacienda obligó en marzo de 2000 a subir el precio pactado, 4,2 euros por metro cuadrado, hasta los 5,4 euros. Los herederos de la fundación denunciaron que el precio fijado fue muy bajo. En la actualidad, en la misma zona el metro de suelo rústico se paga a 126 euros.
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