CiU y el PP se oponen a que el nuevo Estatut reconozca la laicidad de la escuela pública

El eje izquierda-derecha volvió a dividir a los ponentes que redactan la reforma del Estatut. El motivo era un ideal tan viejo como la Revolución Francesa: la laicidad de la escuela pública. CiU y el PP se opusieron a que el texto incluya esa idea, contrariamente a lo que defendía el tripartito. La federación nacionalista y los populares tampoco vieron con buenos ojos que las escuelas privadas concertadas deban garantizar un acceso igualitario a todos los ciudadanos y la gratuidad. Una subcomisión intentará limar las asperezas, que esta vez no responden al eje nacionalismo catalán-nacionalismo español.

El portavoz de CiU, Francesc Homs, alegó que la redacción sobre la escuela pública y laica "debería ser genérica y compilar sólo los derechos más compartidos por todos los partidos, para dar espacio a las distintas opciones políticas de forma que cualquier gobierno pueda desarrollar su propio modelo educativo". En el mismo sentido se expresó el popular Francesc Vendrell, quien agregó: "La palabra laico implica una opción determinada que no es lo mismo que decir aconfesional", informa Europa Press.

Para salvar estas discrepancias con el tripartito, una subcomisión formada por un miembro de cada partido "se encargará de encontrar una redacción que ponga en común las distintas visiones en este punto", explicó el portavoz de ICV-EUiA, Joan Boada, quien definió el desacuerdo como "un enfrentamiento ideológico entre la derecha y la izquierda". Boada defendió que "una enseñanza pública laica y en condiciones de igualdad no significa obligar a nadie a pasar por el mismo sitio, respetando la opción individual de la religión".

El portavoz de ERC, Joan Ridao, añadió otro punto de discrepancia en materia educativa entre el tripartito y los dos partidos de la oposición al reclamar "cierta cautela respecto a los centros educativos concertados, que han de garantizar un acceso igualitario de los ciudadanos y la gratuidad, por cuanto son receptores de dinero público". Por su parte, el representante del PSC en la ponencia, Àlex Masllorens, no entró en valoraciones partidistas al reconocer: "

[El artículo sobre la educación] es el punto en el que nos hemos encallado por ser enormemente ideológico".

Pero además de la educación, otro apartado levantó también discrepancias en el PP, que se opone a la inclusión en el Estatut del deber de conocer la lengua catalana para todas las personas que residen en Cataluña. A juicio del portavoz popular, éste es un tema "que se ha de matizar mucho para dar las garantías suficientes a aquellas personas que estén en Cataluña por un periodo transitorio o en otras circunstancias", como funcionarios destinados en la comunidad.

Vendrell aseguró que su grupo "no está de acuerdo" con la redacción del artículo que se refiere a los derechos y deberes lingüísticos, y aludió al punto que establece el uso del catalán en el poder judicial -es decir, que los ciudadanos puedan emplear el catalán en la justicia- porque, dijo, "invade competencias estatales, que no corresponden legislar desde el Estatut". CiU reclamó asimismo que ese capítulo incluya un artículo de "protección a la familia", a lo que se oponen algunos grupos del Gobierno si se entiende por familia sólo la "tradicional".

Respecto a si la carta de derechos y deberes debe ser un anexo del Estatut, las opiniones de los distintos grupos fueron divergentes. Mientras que los representantes de CiU y el PP insistían en que "no hay ningún acuerdo", los portavoces de Esquerra e Iniciativa expresaron su sensación de que todo parece indicar que acabará incluyéndose en el texto estatutario, ya sea por completo, como señaló Boada, o en forma de principios rectores que se desarrollen en una carta anexa, apuntó Ridao.

Precipitarse

Los dos partidos de la oposición también consideraron "precipitado" que la ponencia se "encierre" en las próximas semanas para acelerar los trabajos de redacción del Estatut, ya que todavía no dispone de todos los documentos del Instituto de Estudios Autonómicos. En lo que todos los grupos coincidieron es en dar un ritmo "más vivo" a los trabajos con el fin de cumplir con el compromiso, asumido en la reunión de Miravet, de tener listo el nuevo Estatut antes de junio.