Hacienda reclama a Aranjuez 600.000 euros por la venta ilegal de una finca

El Ayuntamiento de Aranjuez tendrá que pagar a Patrimonio del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) más de 600.000 euros por la venta indebida efectuada en 1998 por el anterior gobierno municipal del Partido Popular de un inmueble conocido como Casa de la Frutería. Así lo anunció ayer la actual concejal de Hacienda, Cristina Moreno (PSOE), al entregar a los periodistas el escrito recibido hace unos días en el Registro Municipal con la exigencia de Patrimonio del Estado de que se proceda a este pago al existir sentencia firme al respecto.

El edificio vendido por el Ayuntamiento era propiedad de Patrimonio del Estado que se lo había cedido al Consistorio con la condición de que tuviera un uso público. El gobierno anterior lo vendió para pagar una deuda al Consorcio Regional de Transportes y Patrimonio, al conocer esta venta, inició un expediente de reversión del edificio. Ayuntamiento y Patrimonio del Estado llegaron a los tribunales, pero ya hay sentencia firme y ahora el Consistorio ribereño, en una situación crítica por la deuda, tiene que afrontar el pago del edificio más los intereses.

La historia del proceso se remonta a principios de los años noventa. La Casa de la Frutería era un inmueble antiguo de Aranjuez propiedad de Patrimonio del Estado, organismo que el 2 de marzo de 1990 lo cedió gratuitamente junto a otros bienes y propiedades al Ayuntamiento, formalizándose la escritura pública el 24 de mayo de ese año.

Condiciones para la cesión

La cesión estaba sometida a la condición de que el edificio se destinara a uso público. "Que con incumplimiento de dicha condición -dice el escrito de Patrimonio del Estado recibido recientemente en el Registro Municipal- el Ayuntamiento al que me dirijo promovió la venta del citado inmueble para satisfacer las deudas que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes, mediante acuerdo de 1 de octubre de 1998, produciéndose la venta al Grupo Inmobiliario Hersau, SA, el 18 de marzo de 1999".

La venta causó una gran polémica en la Corporación, ya que la oposición de entonces formada por PSOE e IU consideraban la venta ilegal. Cuando Patrimonio del Estado tuvo conocimiento de dicha venta inició un expediente de reversión del inmueble, y exigió su recuperación. Ahora el Estado exige el cumplimiento del pago, lo que ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento.

"Éste es el regalo de Reyes que nos deja el PP. La sentencia es firme y lo único que queda por hacer es pagar. Habrá que elaborar un plan de pagos al que podamos hacer frente, igual que hemos hecho con otras deudas, y afrontarlo", señalaba la concejal de Hacienda Cristina Moreno, del actual gobierno municipal socialista. Apuntó que están estudiando jurídicamente el caso por si procediera exigir a los entonces gobernantes algún tipo de responsabilidad.