Lo que no quiere oír

Si prosperase, el efecto político de la propuesta de Ibarretxe sería una reducción sustancial de la protección que el Estado democrático ofrece a los vascos no nacionalistas.

En la práctica social existe una clara diferencia entre las posibilidades de ejercer sus derechos que tienen los nacionalistas y las que tienen los que no lo son. Ciertos periódicos no se pueden llevar a la vista, y tampoco decir ciertas cosas en las reuniones de vecinos o juntas de facultad. Eso se da por supuesto. De lo que se trata ahora es de convertir esa diferencia real en norma legal; como garantía de su perpetuación.

La hegemonía nacionalista se apoya en una combinación de clientelismo, buena conciencia (ser de los nuestros) y seguro de vida. Los políticos nacionalistas saben que aunque ETA les amoneste a ellos, a quienes ataca es a los otros. En un comunicado fechado el mismo día en que Ibarretxe presentaba su plan, el 27 de septiembre de 2002, ETA declaraba "objetivo militar" las sedes del PP y PSOE y sus actos públicos. No era una amenaza para tomarse a broma. Según el cuidadoso recuento de la agencia Vasco Press (agosto 2004), desde el asesinato de Gregorio Ordóñez, hace diez años, ETA ha matado a 30 adversarios ideológicos, de los que 15 eran miembros del PP y 9 del PSOE. Simultáneamente, entre 1992 y 2004, las bandas de violencia callejera han realizado 871 ataques sectarios: contra militantes y sedes de partidos o bienes de personas no adictas. Esa situación, claramente incompatible con las condiciones mínimas de igualdad propias de cualquier sistema pluralista, provocó la ilegalización del brazo político de ETA, contra la opinión del nacionalismo.

Si la propuesta sale adelante, las instituciones de Euskadi podrían derogar esa prohibición mediante una ley vasca de partidos (art. 11-3). El Gobierno vasco estaría capacitado para conceder indultos a los etarras (art. 24-2), y para convocar unilateralmente referendos (art.13-3), como el ilegal que pretende Ibarretxe si las Cortes no convalidan su proyecto. Es cierto que no es formalmente un proyecto para la independencia; pero sí un camino gradual e irreversible hacia ella por la vía de vaciamiento de competencias del Estado. Precisamente de aquellas que hasta ahora eran vistas por los vascos no nacionalistas como una garantía frente a los abusos del nacionalismo gobernante.

Se elimina de un plumazo (art. 14) la posibilidad de aplicación en Euskadi de las previsiones del art. 155 de la Constitución (destinado a hacer frente al incumplimiento por una Comunidad de sus obligaciones legales). También desaparecería la garantía que supone la existencia de un poder judicial estatal único y del principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Un Consejo Judicial Vasco asumirá las funciones del actual CGPJ, incluyendo la de nombramiento de jueces y fiscales, para lo que se tendrá en cuenta el "conocimiento del euskera" (art. 27-2).

¿Podrían un día los nacionalistas condicionar el derecho de voto al conocimiento de la lengua vasca, como se hizo en su día en Estonia? Parece increíble, teniendo en cuenta que el número de euskerohablantes no llega al 30% de la población,pero es seguro que ya hay quienes lo consideran deseable. De momento, el Consejo de los organismos sociales del euskera, Kontseilua, ha criticado el plan Ibarretxe porque no obliga a saber esa lengua a todos los ciudadanos vascos (El Correo, 23-12-04). ¿Recuerdan la campaña por el DNI vasco y la pretensión de elaborar un censo por adscripción?

En Euskadi existe una mayoría nacionalista, aunque se desconoce, porque no ha habido ocasión de comprobarlo, si la mantendría en condiciones de igualdad: sin el factor de intimidación que supone ETA. Pese a la desigualdad, los partidos no nacionalistas siguen agrupando a casi el 50% de los votantes. Ello es así porque, como en su día argumentó Juan Aranzadi (Claves 105; sept. 2000), los vascos no nacionalistas, a diferencia de los judíos de Alemania en 1933-45, cuentan con la protección de un Estado. Esa protección -legal y judicial- es la que ahora se intenta suprimir o limitar mediante la reforma del marco estatutario. Luego, contra lo que piensa el obispo de San Sebastián, sí hay razones morales, además de las jurídicas y políticas, para oponerse al proyecto de Ibarretxe. Zapatero tendrá ocasión de exponérselas hoy directamente al lehendakari.