El Gobierno central avala la división territorial de Cataluña en siete 'provincias'

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, respaldó ayer la intención de la Generalitat de plantear la división territorial de Cataluña en siete provincias o veguerías aprovechando la aprobación de una ley orgánica como es el Estatut, tal como prevé la Constitución. "No creo que plantee mayores obstáculos", afirmó Sevilla tras reunirse con el consejero de Gobernación, Joan Carretero. La ponencia que elabora el nuevo Estatut reanudó ayer sus trabajos con la discusión de la Carta de Derechos y Deberes.

El ministro de Administraciones Públicas opinó que la futura división territorial en siete unidades administrativas (Barcelona, Catalunya Central, Lleida, Pirineus, Girona, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre) "mejorará la eficiencia de los servicios" y "eliminará el impacto electoral", y reconoció la competencia de la Generalitat en este asunto. Por su parte Carretero, al término de la entrevista, que duró dos horas, defendió la propuesta como un acercamiento al federalismo, pidió una mayor financiación para los órganos supramunicipales y aplaudió el respaldo del Gobierno a estas iniciativas.

En cuanto a las funciones de las diputaciones, el consejero afirmó que básicamente tendrán que dedicarse a la ayuda jurídico-técnica y administrativa de los municipios, y al resto de las competencias que sean transferidas al Gobierno catalán. El ministro suscribió esta opinión. Carretero también reclamó el traspaso de la gestión de los cuerpos de secretarios e interventores locales, y una modificación legal para que los concejales y alcaldes puedan cobrar el desempleo cuando finalicen sus mandatos.

Al término de la reunión, Jordi Sevilla aseguró sentirse "más optimista" sobre la posibilidad de tener el apoyo de la Generalitat de Cataluña en asuntos relacionados con la administración pública, los funcionarios, la estructura de las tres administraciones y los mecanismos de coordinación entre todas, "respetando las competencias de cada cual".

El ministro recordó que la primera conferencia sectorial de asuntos locales se reunirá el próximo lunes y destacó que en ella se analizará, entre otras cuestiones, la propuesta del Gobierno de poner en marcha agencias de cooperación "participadas por las autonomías" y se presentará el Libro Blanco del poder local.

Tanto el ministro como el consejero coincidieron en la necesidad de redactar un estatuto básico de la función pública consensuado por las comunidades y los interlocutores sociales.

Por su parte, el consejero catalán indicó que la Generalitat analizará la propuesta del ministro de las agencias de cooperación Interterritorial y añadió: "Si el Estado español va adquiriendo cada vez más posiciones federales, éstas tendrán más sentido".

La ponencia parlamentaria que elabora la reforma del Estatut continuó ayer, en su primera reunión del año, debatiendo los artículos del capítulo de derechos y deberes, apartado sobre el que aún queda por decidir si formará parte del Estatut o se recogerá en una carta anexa. Los ponentes analizaron durante casi tres horas ocho artículos de este capítulo, entre los que se encuentra el relativo al deber de conocer el catalán, y proseguirán hoy con el debate de los 10 restantes.

Terminar en marzo

Se trata, sin embargo, de una primera lectura en la que los distintos partidos políticos aportan sus "matices, apreciaciones y aproximaciones" a cada uno de los derechos y deberes antes de retornar el texto al Instituto de Estudios Autonómicos -órgano asesor de la ponencia- para que lo vuelva a redactar añadiendo las precisiones oportunas, recordó el diputado del PP Francesc Vendrell, que compareció ante los medios de comunicación como portavoz de la ponencia.

Vendrell explicó que durante la reunión "no salió el tema del plan Ibarretxe, ni en serio ni en broma, como muestra de la normalidad" con la que los parlamentarios catalanes asumen los trabajos de la reforma del Estatut, después de la polémica de los últimos días en torno a la redacción del Estatuto vasco. "Espero que nunca temas externos influyan en la redacción del Estatut", añadió Vendrell.

La ponencia abordará hoy el calendario de reuniones para los próximos meses y si se decide celebrar dos sesiones de trabajo cada semana para tener finalizada la primera lectura antes de Semana Santa.