La Diputación de Álava lleva al Contencioso su disputa con las Juntas Generales
La Diputación alavesa ha llevado a los tribunales a las Juntas Generales de Álava por el conflicto que les enfrenta desde el pasado mes de junio en torno a un plan de ayudas sociales
. Se trata de una decisión sin precedentes en las instituciones forales de los tres territorios y que agudiza las diferencias entre el Gobierno de Ramón Rabanera (PP), que se encuentra en minoría, y la oposición, que controla la Mesa de las Juntas. La reunión del Consejo de Diputados de ayer dio luz verde a la presentación del recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), culminando así una larga serie de advertencias que había realizado Rabanera a la presidenta de las Juntas, la socialista María Teresa Rodríguez Barahona.
El origen del conflicto se remonta al mes de junio del año pasado, cuando la Diputación, que tenía los Presupuestos prorrogados, planteó a las Juntas la aprobación de una partida presupuestaria extraordinaria de 100.000 euros para potenciar la ayuda a domicilio a los ancianos. A través de una enmienda, el PNV aumentó esa ayuda hasta los 200.000 euros, pero sin especificar de qué partidas debían salir los fondos. La propuesta nacionalista contó con el apoyo de todos los partidos de la oposición. Sin embargo, el Ejecutivo foral dirigido por el PP mostró su disconformidad con la enmienda del PNV y vetó el cambio que implicaba el aumento del gasto.
Competencias propias
La Mesa de las Juntas, donde el PP sólo cuenta con uno de los cinco miembros, consideró que el Ejecutivo foral no podía ejercitar ese derecho de veto al estar los presupuestos prorrogados. La Mesa ratificó esta postura el 15 de noviembre, confirmando así su enfrentamiento con el Gobierno de Rabanera.
El diputado general reiteró ayer que la Mesa se ha excedido en sus funciones y recordó que el derecho a veto de los gobiernos cuando las propuestas de la oposición incrementan o disminuyen los ingresos aparece recogido en los reglamentos de las Juntas Generales de Vizcaya y de Guipúzcoa, del Parlamento vasco y del Congreso. Rabanera consideró que sería una "irresponsabilidad" no recurrir a la vía judicial para defender las competencias de la institución que preside. De no hacerlo así, indicó que la Diputación de Álava sería ingobernable cuando estuviera presidida por gobiernos en minoría, como es el actual caso del PP.
El anuncio del conflicto de competencias realizado por Rabanera en noviembre, tras la ratificación por parte de la Mesa de su acuerdo, enfadó al PSE, que le advirtió de que vetaría el proyecto de Presupuestos para 2005 si no rectificaba. Los socialistas eran los únicos aliados con los que podía contar Rabanera. Al final, la judicialización del conflicto de competencias y otras desavenencias han dado con el no definitivo del PSE a las cuentas.
