Más del 70% de los vascos está a favor de restringir el acceso de los inmigrantes

Más del 70% de la sociedad vasca apoya la adopción de medidas de restricción al libre acceso a Euskadi de inmigrantes procedentes de África, Marruecos, Asia, Latinoamérica y Europa del Este, según el primer estudio elaborado por el Observatorio Vasco de Inmigración sobre Percepciones, valores y actitudes de la población vasca hacia la inmigración extranjera. Esta actitud restrictiva, según el estudio, se atenúa pero se mantiene en el caso de los procedentes de la Unión Europea, para quienes el 48,1% también defiende medidas restrictivas de acceso.

El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, presentó ayer en Bilbao las principales conclusiones del estudio basado en 1.787 entrevistas realizadas el pasado junio a 873 hombres y 914 mujeres, con 18 o más años de edad, y con más de cinco años de residencia en el País Vasco.

Del trabajo se desprende que, en términos generales, la ciudadanía vasca se encuentra a favor de la inmigración, un fenómeno que considera mayoritariamente "enriquecedor", en un 71%, para la propia cultura, siempre que se hable del fenómeno en abstracto. Otra cosa es cuando se reduce a términos de cercanía y se realizan preguntas más concretas. Un 55%, por ejemplo, relaciona la inmigración con el aumento de la delincuencia.

Madrazo calificó a esta actitud como de un "rechazo inconsciente" y se negó a denominarla "xenofobia". "La sociedad vasca no es racista", afirmó el consejero. Sin embargo, sí reconoció que las conclusiones de la encuesta "obliga a reflexionar en profundidad sobre el modelo de sociedad que queremos construir: una comunidad cerrada en sí misma, dual y dividida entre personas con derechos y sin derechos en función de su origen, o una comunidad abierta, tolerante y cohesionada en la que el trabajo de todos sea garantía de desarrollo económico, cultural y social".El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales calificó el rechazo que muestra la encuesta como "un fenómeno grave", que afecta tanto a hombres como a mujeres, y que relacionó con "el miedo a lo desconocido" que tiene el ser humano. A pesar de que insistió en que la sociedad vasca no es xenófoba, Madrazo sí expresó su "preocupación por esta radiografía" e indicó la voluntad de su departamento en "profundizar en políticas de sensibilización y concienciación a pie de calle".

La encuesta destaca que la ciudadanía vasca estima que la inmigración extranjera en Euskadi es del 11% de la población total, cuando según los datos del padrón municipal sólo supone un 2,3%, y llega al 4% si se incluyen las personas en situación de ilegalidad. La percepción generalizada (casi el 90%) es que la inmigración en el País Vasco ha aumentado mucho o bastante en los últimos años.

La población vasca considera, en términos generales, buena la inmigración, pero no así en términos concretos. Por ejemplo, un 64,5% de los encuestados cree que todos los países se beneficiarían si las personas pudieran circular libremente y un 62,9%, que los inmigrantes permiten que la economía funcione mejor al ocupar puestos de trabajo que la población autónoma no quiere. Sin embargo, el 73% está a favor de alguna o muchas medidas restrictivas para el libre acceso de estas personas.

Además, un 48,5% piensa que los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social y un 40% opina que los sueldos bajan como consecuencia de la llegada de personas extranjeras.

Un 71% de los entrevistados no percibe riesgos en las prácticas religiosas de los inmigrantes, pero el 55% opina que la llegada de inmigrantes afecta negativamente a la seguridad ciudadana. Los vascos reivindican "por amplia mayoría" (un 60%) la expulsión de quienes hayan cometido un delito, con independencia de su gravedad, y el 42% cree que hay un límite para los inmigrantes que una sociedad puede aceptar. Los que menos simpatía despiertan son los magrebíes y los subsaharianos.

Las características más valoradas en un inmigrante son que esté dispuesto a adoptar el modelo de vida autóctono y que tenga una cualificación laboral acorde a las necesidades del país y un buen nivel educativo. También que hable castellano.