El déficit democrático del 'plan Ibarretxe'

El rasgo más sorprendente de la tramitación del plan Ibarretxe quizás radica en que el lehendakari haya conseguido culminar esa tramitación sin que en ninguna de las instancias políticas e institucionales del País Vasco por las que ha pasado, antes de su remisión al Parlamento de Vitoria, se haya producido un debate serio y transparente, por lo menos sobre los contenidos más polémicos del plan. Sólo silencios, o apoyos y rechazos sumarios, acompañaron la tramitación de la propuesta, como se reflejó en la ronda de entrevistas que Ibarretxe mantuvo en octubre de 2002 con representantes de agentes sociales, instituciones y partidos políticos. La responsabilidad de esta ausencia de debate democrático en la preparación del texto remitido al Parlamento recae sobre quien, por su condición de lehendakari, tomaba la iniciativa del plan y estaba obligado a promover las condiciones que fuesen necesarias para facilitar su viabilidad, asegurándose el amplio apoyo de la sociedad vasca del que ahora carece. Esta es una responsabilidad que no puede paliarse recapitulando las ocasiones de diálogo frustradas a lo largo de dos años de tramitación pues, incluso con ese repertorio de ocasiones fallidas a la vista, seguirá siendo cierto que el proyecto remitido al Parlamento vasco fue un producto elaborado, entre otras cosas, sin participación de las instituciones forales y sin participación del PSOE y del PP, que representan a sectores significativos de la ciudadanía vasca.

El 'lehendakari' debería asumir su responsabilidad por presentar un plan sin amplio consenso social

El proyecto nació lastrado por la ausencia de debate democrático en su origen

La trascendencia política de esta ausencia de debate para la credibilidad democrática de su plan no ha escapado a la sensibilidad del lehendakari Ibarretxe. Según se desprende de sus manifestaciones anteriores al voto favorable del Parlamento vasco del pasado 30 de diciembre, el lehendakari había ajustado los contenidos del plan y el calendario de su tramitación en función de un escenario distinto. El lehendakari había contemplado un escenario que atribuía el protagonismo a las próximas elecciones autonómicas, en las que tendría la oportunidad de conseguir la mayoría absoluta que ahora le falta en el Parlamento, reivindicando para ello su proyecto de Estatuto Político frente al bloque del no, formado por socialistas, populares y abertzales, que al derrotarlo habrían sido culpables de "negar la palabra al pueblo". En la previsión de semejante escenario no es difícil adivinar cierta preferencia del lehendakari por esa derrota de su plan en el Parlamento vasco, lo cual le proporcionaría una oportunidad, supuestamente favorable, para suplir el déficit democrático que había marcado al plan Ibarretxe desde su origen, y a lo largo de su tránsito por las instancias políticas e institucionales del País Vasco.

Frustrada la oportunidad de intentar apuntalar la debilidad originaria de su plan en el marco de la sociedad vasca, Ibarretxe proclama ahora que, una vez aprobado, el proyecto es el proyecto del Parlamento vasco y que el Parlamento español no va a sustituir la voluntad de la sociedad vasca. Este ejercicio de funambulismo político, como escribía Josep Ramoneda en EL PAÍS el pasado día 6, aparte de no resistir su confrontación con los procedimientos constitucionales, es de una debilidad manifiesta. Ibarretxe, pronto a computar los tres votos a favor depositados por los abertzales para dinamitar su escenario electoral preferido, vuelve la espalda a los otros tres votos abertzales expresamente dedicados a manifestar su oposición a los contenidos del proyecto. Igualmente, el lehendakari se las ingenió en su momento para arrancar a sus socios de Gobierno una autorización unánime para remitir el proyecto al Parlamento, pese a las serias discrepancias que algunos manifestaban hacia su contenido, y ahora hace oídos sordos al hecho de que Ezker Batua-Berdeak, la federación de Izquierda Unida en el País Vasco, haya solicitado al grupo de esta formación en el Parlamento español que presente y defienda su propuesta de federalismo como alternativa al proyecto de Ibarretxe, a favor del cual votaron sus tres diputados en el Parlamento vasco. Mírese como se mire, el lehendakari difícilmente puede pretender que su proyecto tiene el apoyo de los sectores de la sociedad vasca representados en el Parlamento de Vitoria por los partidos, abertzales o no, situados a la izquierda del partido socialista. En definitiva, aunque haya recibido 39 votos, uno más de los necesarios para su aprobación formal, el resultado final de la tramitación seguida en el País Vasco es que, el proyecto que nació como una apuesta personal del lehendakari, el plan Ibarretxe lastrado por la ausencia de debate democrático en su origen, tendrá que continuar su andadura en la práctica como una apuesta personal o, como mucho, como la apuesta del PNV-EA, y hay razones para creer que difícilmente superaría el doble listón que él mismo se ha fijado: obtener el respaldo de una mayoría de vascos y vascas superior a la que obtuvo el Estatuto de Gernika y alcanzar un apoyo mayoritario en los tres territorios históricos.

Queda por desvelar si el disciplinado voto unánime de los diputados del PNV a favor del proyecto en el Parlamento vasco refleja un apoyo igualmente incondicional por parte de los votantes de este partido. La cuestión es compleja por el oscurantismo que caracteriza la elaboración de las políticas del PNV, hasta el punto de que ni siquiera se conocen públicamente las aportaciones que pudieran haber surgido cuando el plan Ibarretxe pasó por los peculiares tamices de la organización del PNV, antes de ser remitido al Parlamento de Vitoria, pero no faltan indicadores que pueden acercarnos a una solución verosímil. Las encuestas más recientes acerca de la opinión de los ciudadanos vascos sobre la propuesta del lehendakari indican que el 54% están a favor de la reforma del Estatuto siguiendo los procedimientos constitucionales y que un 67% desearían verlo aprobado con un consenso por lo menos semejante al del Estatuto de Gernika. Además, la agrupación empresarial Confebask y la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios Vascos, manantiales del voto nacionalista moderado y conservador que tiene para el PNV una importancia mucho más decisiva de la que hoy se le reconoce en sus estructuras dirigentes, manifestaron sus reservas, en la ronda de entrevistas del lehendakari de octubre de 2002, ante una iniciativa que en su opinión podía desembocar en la fractura social y tener efectos nocivos en la economía vasca. La misma insistencia tenaz del lehendakari en la negociación de un pacto político con el Gobierno de Rodríguez Zapatero parece sugerir que el plan incorpora contenidos con fecha de caducidad prevista, los cuales se hallarán previsiblemente entre las propuestas más soberanistas del plan Ibarretxe, una vez cumplida o frustrada la función más obvia de estas incrustaciones radicales, que era la de servir de señuelo para el voto abertzale en las ya próximas elecciones autonómicas.

Otra cosa iría contra la propia tradición pactista del PNV y contra la realidad de la ciudadanía vasca que se vería violentada por la pretensión artificial de dividirla en función de su origen o pertenencia étnica. Las ciudadanas y los ciudadanos de origen maketo que nutren las filas de la militancia o de los votantes nacionalistas, y los de origen euskaldun ideológicamente situados fuera del nacionalismo, como los muchos más de cualquier origen que se sienten orgullosos de compartir los valores que definen la identidad vasca, no merecen, ciertamente, que el plan Ibarretxe haya previsto un mecanismo que permitiría al Parlamento vasco adoptar una ley clasificándolos en ciudadanos de primera y de segunda división. Por otra parte, potencialmente, las propuestas soberanistas del plan son susceptibles de desencadenar un proceso de deterioro o destrucción del sólido entramado de intereses económicos y sociales que unen el País Vasco al resto de España. Este es un riesgo que nunca podrá ser asumido por el votante nacionalista moderado, al que incluso sería muy peligroso situar ante una perspectiva de inestabilidad y ruptura. La historia, incluso la anterior a la aparición del PNV, es siempre una buena maestra y nos enseña que el intento de unificar el mercado interior, situando las aduanas en puertos marítimos y fronteras, realizado por Felipe V en 1717, fracasó en relación con los puertos secos que separaban a Castilla de las provincias vascas. Después de este fracaso, esas aduanas no se situaron en la costa hasta 1841, cuando los comerciantes e industriales vizcaínos del hierro estuvieron interesados en protegerse frente a los productos siderúrgicos británicos y en suprimir las barreras aduaneras en su comercio con el resto de España. A comienzos del siglo XXI, cuando el mercado interior en que operan los agentes económicos es el de la Unión Europea, es manifiestamente ilusorio imaginar que haya llegado el momento de revertir la situación creada en 1841 y deshacer los efectos benéficos que produjo para unos y para otros, asumiendo el plan Ibarretxe que, entre otras consecuencias, contiene el riesgo potencial de encerrar al País Vasco en un cinturón de barreras aduaneras.

Al lehendakari le corresponde ahora negociar el voto de las fuerzas parlamentarias presentes en el Congreso de Diputados, que tienen la última palabra sobre la viabilidad de su propuesta, o negociar "de Gobierno a Gobierno" si imaginamos que pudiera hacerse realidad su ansiada e inverosímil alternativa negociadora. El lehendakari tenía claro que no era lo mismo presentarse en esta negociación con una propuesta elaborada y aprobada con el déficit de debate democrático que ha marcado al plan Ibarretxe desde su origen, que acudir con la misma propuesta si se hubiera hecho realidad el voto claramente mayoritario de los vascos y las vascas en un proceso electoral, desarrollado sin coacciones. El voto favorable del Parlamento vasco, paradójicamente, ha dejado a Ibarretxe en una posición negociadora más débil de la que él había imaginado y ahora se pregunta cómo solucionamos esto. La razón democrática invocada por el presidente Rodríguez Zapatero sugiere que la solución hay que buscarla en el País Vasco y que el lehendakari debería asumir la responsabilidad por haber presentado en el Parlamento español un proyecto que, hoy por hoy, carece manifiestamente del amplio respaldo de la sociedad vasca que su trascendencia exigía.

Josep Lluís Sureda, catedrático jubilado de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, fue asesor del presidente Josep Tarradellas en las negociaciones para el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña (junio-septiembre de 1977).