La Conferencia Episcopal considera "inadmisible" el proyecto aprobado por el Parlamento vasco

La Conferencia Episcopal se pronunció ayer, a través de una nota, en contra de la propuesta de nuevo Estatuto, aprobada por el Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre. En la nota, la Conferencia asegura que su pronunciamiento obedece al fuerte debate social y político provocado por la aprobación del plan Ibarretxe.

Tras recordar la doctrina moral que la Conferencia Episcopal Española aprobó en una Asamblea Plenaria de noviembre de 2002 sobre las rleaciones entre nación y nacionalismos, concluyen: "La Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia. Recientemente, los obispos españoles afirmábamos: 'La Constitución de 1978 no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos'. Se trata, por tanto, de una norma modificable, pero todo proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico".

Al llegar a este punto, la Conferencia Episcopal se muestra especialmente crítica con el Gobierno vasco, que ha declarado a través del lehendakari, Juan José Ibarretxe, su intención de aplicar el nuevo Estatuto aunque el Congreso de los Diputados no apruebe la iniciativa legislativa aprobada por el Parlamento vasco. "Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible".

Después de su veredicto, la Conferencia Episcopal concluye: "Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria".

En la nota, la Conferencia Episcopal recuerda su criterio respecto a las relaciones entre nación y nacionalismos:

"- Las naciones, en cuanto ámbitos culturales del desarrollo de las personas, están dotadas de una "soberanía" espiritual propia y, por tanto, no se les puede impedir el ejercicio y cultivo de los valores que conforman su identidad. Esta "soberanía" espiritual de las naciones puede expresarse también en la soberanía política, pero ésta no es una implicación necesaria. Cuando determinadas naciones o realidades nacionales se hallan legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales y políticos a otras naciones dentro de un mismo Estado no puede decirse que dichas naciones gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política.

- Las naciones, aisladamente consideradas, no gozan de un derecho absoluto a decidir sobre su propio destino. Esta concepción significaría, en el caso de las personas, un individualismo insolidario. De modo análogo, resulta moralmente inaceptable que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y, en concreto, la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad. La "virtud" política de la solidaridad, o, si se quiere, la caridad social, exige a los pueblos la atención al bien común de la comunidad cultural y política de la que forman parte. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión.

- En consecuencia, no es moral cualquier modo de propugnar la independencia de cualquier grupo y la creación de un nuevo Estado, y en esto la Iglesia siente la obligación de pronunciarse ante los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad. Cuando la voluntad de independencia se convierte en principio absoluto de la acción política y es impuesta a toda costa y por cualquier medio, es equiparable a una idolatría de la propia nación que pervierte gravemente el orden moral y la vida social".