La sentencia del Júcar, oportunidad o problema

La sentencia del Tribunal Supremo anulando una buena parte de los artículos con contenido sustantivo del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar puede ser, si se sabe administrar, una excelente oportunidad para el País Valenciano, porque le puede librar en poco tiempo del Plan de Cuenca vigente, que es gravemente lesivo para los intereses valencianos.

En primer lugar, hay que aclarar que la sentencia no supone ni el más mínimo riesgo o motivo de preocupación para los usuarios actuales del agua, ya sean urbanos o agrarios. Algunos medios de Valencia y Alicante han vaticinado un panorama caótico de sed y de ruina si se llegase a ejecutar la sentencia. La realidad es que tales augurios carecen de fundamento, y su difusión debería haber sido más meditada, pues ha causado una alarma injustificada, especialmente entre los agricultores.

El Supremo ha anulado los artículos del Plan del Júcar que afectan a cuencas internas de la Comunidad Valenciana o de Castilla-La Mancha, porque en el momento en que aprobó el Plan, el gobierno estatal carecía de competencias de planificación y gestión hidrológica en estas cuencas. No se ha pronunciado directamente ni sobre los usos del agua ni sobre las infraestructuras existentes. Esto significa que todas las asignaciones de agua actualmente vigentes pueden ser mantenidas en el futuro por las administraciones que sean competentes en cada cuenca, si así lo deciden. Mientras se reordenan las competencias, proceso que puede durar años, hay múltiples mecanismos (convenios, encomiendas de gestión, etc.), mediante los cuales se pueden mantener los actuales envíos de agua entre diferentes cuencas.

Distinto es el caso de aquellas infraestructuras que todavía no están construidas, y que están destinadas a transportar recursos cuya autorización formal ha sido suspendida por la sentencia. El ejemplo más evidente es el trasvase Júcar-Vinalopó. Las obras deberían de paralizarse de inmediato, dado que la sentencia anula el respaldo legal que les otorgaba el Plan.

Aunque la propaganda dominante repita lo contrario, la cancelación del trasvase Júcar-Vinalopó resultaría muy conveniente para los intereses valencianos y alicantinos. En particular, para los agricultores del Medio Vinalopó, a los que el desarrollo turístico de la costa alicantina ha dejado sin agua. Existen alternativas que resolverían sus problemas con verdadera garantía, y a un coste mucho menor, que un trasvase que fue planificado contando con el agua del Ebro para reponer en la Ribera el agua del Júcar trasvasada al Vinalopó. Ahora, sin trasvase del Ebro, los estudios de la Comisión Técnica del Júcar-Vinalopó están demostrando una vez más algo que es desde hace años un secreto a voces: el Júcar no sólo no tiene recursos para trasvasar al Vinalopó, sino que la sobreexplotación de los acuíferos de La Mancha lo ha convertido en un río netamente deficitario. La aplicación de la sentencia obligaría a las autoridades a reconocer públicamente la situación tal como es, y a poner en marcha verdaderas soluciones para el Medio Vinalopó.

Pero al margen de sus efectos sobre este trasvase, el principal valor de la sentencia reside en que puede facilitar la revisión anticipada del Plan del Júcar, en un contexto político y jurídico totalmente distinto a aquel en el que se produjo su aprobación. Ahora está vigente la Directiva Marco del Agua europea, que establece unas exigencias de protección ambiental, de eficiencia económica y de transparencia de costes desconocidas hasta hoy en la política hidráulica española. Con la Directiva en vigor, ya no será posible dejar el bajo Júcar sin un caudal mínimo, ni dejar L'Albufera a expensas de los retornos de cualquier calidad que le puedan llegar, ni conducir a la extinción a especies piscícolas como la Loina del Júcar, ni tantos otros desastres que se han producido bajo el amparo del Plan actual. Y menos aún existiendo ahora un movimiento social en ascenso -Xúquer Viu-, firmemente decidido a defender el Júcar y L'Albufera, y al cual la Directiva le asegura el derecho a la participación activa en la planificación y en la gestión de la cuenca.

La cuestión central, la verdadera oportunidad histórica que brinda la sentencia al favorecer la revisión anticipada del Plan de Cuenca, es que habrá que replantear desde su base el estatuto del Júcar y sus acuíferos en La Mancha. La peregrina idea de que "el agua es de donde llueve" no tiene cabida en la Directiva Marco del Agua. El principio de unidad de cuenca no permite que la ubicación en cabecera de una cuenca otorgue derecho alguno para un uso privilegiado del agua superficial o subterránea que circula por la misma, en detrimento de las condiciones ambientales y de los usos aguas abajo. El ciclo del agua es único, y todos los usuarios deben respetarlo por igual.

Ahora, la sentencia del Supremo brinda una ocasión de oro para abordar la difícil pero irrenunciable tarea de replantear el Pacto del Agua de Zaplana y Bono de 1997, que legitimó a través del Plan la esquilmación del principal río valenciano a su paso por La Mancha, repartiendo unos caudales que no existían. Si la revisión del Plan no se aborda sin demora, se seguirán ejercitando año tras año los acuerdos del Pacto, transformándolos en derechos cada vez más consolidados. Conforme vaya pasando el tiempo, más difícil una revisión transparente y equitativa.

Se entiende que la Generalitat se esté empleando a fondo para que no se llegue a ejecutar la sentencia, evitando que se precipite la revisión del Plan. El momento político le resulta muy poco propicio para controlarla, y para evitar que salga a la luz todo lo que se esconde en un Plan que es un fiel reflejo de la política del gobierno anterior, tan ardientemente defendida desde el Consell.

Ahora, el futuro del Júcar y L'Albufera están en manos del PSOE y el PSPV, en su doble condición de partido de gobierno estatal y de principal partido de la oposición valenciana. Si se mantiene la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó, y si el Plan del Júcar sigue en vigor durante unos años más, la recuperación del río y de L'Albufera será prácticamente imposible. No sólo se afianzaría la esquilmación de los acuíferos, sino que la poca agua que aún llegase a Valencia se encontraría con un trasvase cuya tubería admite varias veces más caudal que el autorizado en el proyecto. Las demandas de abastecimiento de las urbanizaciones de Alicante, que registran un crecimiento vertiginoso, tendrán prioridad legal sobre los riegos de la Ribera, e incluso, en situaciones de escasez, sobre los caudales ambientales. Cualquier garantía para el bajo Júcar establecida a través de las normas de explotación del trasvase sería papel mojado en cuanto los ayuntamientos, apremiados por unas demandas explosivas, hicieran valer sus derechos. Ni siquiera valdría la pena renegociar con Castilla-La Mancha el Pacto de 1997: toda el agua que se pudiera recuperar acabaría en las urbanizaciones de Alicante.

El PSOE y el PSPV se encuentran en este asunto ante una responsabilidad histórica: la de encabezar, con determinación, el proceso de regeneración de la política del agua que necesita urgentemente el País Valenciano. Y en este proceso no caben ni el trasvase Júcar-Vinalopó ni el mantenimiento del Plan del Júcar y el Pacto del Agua de 1997.

Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.