El fiscal pide juzgar ya el caso del río Segura tras rechazar su nulidad

El fiscal ha rechazado el recurso de nulidad de las actuaciones judiciales e indefensión planteado por la defensa de los ex directivos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que, junto a siete empresarios, están procesados por vertidos al río. Ricard Cabedo, fiscal del caso, en un escrito remitido a la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, insta a las partes a trasladar esas cuestiones al tribunal juzgador y pide que se fije la fecha del juicio.

El representante del ministerio público, en un escrito remitido el pasado día 3 a la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, considera que no es ahora el momento procesal apropiado para que los imputados planteen la nulidad de las actuaciones judiciales ni su supuesta indefensión. Para Cabedo, las partes han de trasladar esas peticiones al tribunal como cuestiones previas en el momento en que se inicie la vista oral.

La instrucción del caso por vertidos tóxicos al cauce se remonta a hace tres años, cuando Francisca Martínez, titular del entonces Juzgado de Instrucción 6 de Orihuela - esta oficina judicial ha sido reconvertida en Juzgado de Lo Penal- abrió de oficio una investigación por supuesto delito ecológico en el Segura, al comprobar la magnitud y consecuencias de los vertidos industriales que soportaba el cauce a su paso por la comarca de la Vega Baja. A la causa se sumaron más tarde el colectivo Comisión Pro-Río y Ecologistas en Acción del País Valenciano.

La juez instructora cerró el sumario a principios de 2003. Los cuatro responsables de la Confederación (los dos ex presidentes, Juan Cánovas y Antonio Nieto, y los dos ex comisarios de aguas, José Alemán y Luis Pérez) imputados declinaron responder a las preguntas de la magistrada.

En febrero de ese año, la juez decretó apertura de juicio oral contra los cuatro directivos y los siete empresarios. Los procesados se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel, según la petición inicial de la acusación particular. El ministerio público sólo acusa a los industriales y exculpó a los cargos públicos "al no apreciar" delito.

El juzgado oriolano envió el sumario a la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en la ciudad de Elche, órgano que ha de juzgar los hechos. La causa, debido a un error de clasificación, estuvo aparcada durante varios meses en las dependencias de la Audiencia. La denuncia de unas de las partes sobre el supuesto extravío de las diligencias alertó a los responsables de la sección y el sumario fue rescatado del archivo de las dependencias judiciales, donde permaneció diez meses. El rechazo del ministerio público a la solicitud de nulidad de las actuaciones judiciales ha reactivado jurídicamente el caso, ahora sólo pendiente del señalamiento de la vista oral.

Ecologistas en Acción insta a la Audiencia a que resuelva con "urgencia" ese trámite para que el caso no acumule más demoras. Esta parte también espera que el Gobierno retire la asistencia letrada a los ex directivos de la Confederación, al haber perdido su condición de cargos públicos.