Conspiración

¿Existe un plan para ahondar y dramatizar la distancia entre Euskadi y el resto de España, dificultando más y más una solución negociada y, por negociada, consensuable del problema vasco? Ignoro si los nacionalistas conspiran en tal sentido, como algunos medios de comunicación, empeñados en atizar las ascuas, afirman cada día, pero la actitud de sus oponentes, llámense como se llamen, conduce a tales resultados, queridos o no. Una vez más, los hombres hacen la historia, aunque ignoren cómo y en qué sentido la hacen. Basta, para comprobarlo, repasar los hechos.

En septiembre de 2002, tras numerosos intentos de obtener un estricto cumplimiento del Estatuto de Gernika -norma que ahora se invoca todos los días pero a lo que Madrid se negó, una y otra vez, por motivos estrictamente políticos-, el Gobierno del lehendakari Ibarretxe propuso el plan que se conoce por su nombre. Se trataba, a todas luces, de una propuesta de negociación y así se afirmó reiteradamente por sus proponentes en la cual, desde el punto de vista "españolista", había luces y sombras. Entre las primeras, nada menos que la renuncia por parte del nacionalismo a la "estatalidad" y la reivindicación de la integración vasca en un único Estado español. Entre las segundas, si es que ello es una sombra, la reivindicación vasca a decidir su propio futuro, democráticamente y en paz. Retóricas aparte, se pretendía, además, una importante extensión de las competencias autonómicas a través de los cauces institucionales previstos en el Estatuto vigente y, si ello fuera necesario, mediante la reforma de la Constitución, algo hoy sobre la mesa.

Nada de esto se contempló en tales términos. La primera versión del plan Ibarretxe ni se leyó (¡algunos de sus más autorizados críticos se preciaban de ello!) y se rechazó, con rara unanimidad, por el Gobierno del PP, la oposición socialista y los fautores de opinión, como antes se había rechazado la después añorada propuesta Ardanza. En consecuencia, el plan Ibarretxe no se negoció con las fuerzas no nacionalistas -salvo la relevante aunque pequeña IU vasca-, sino que, durante un año largo, se debatió sólo (¡!) en el mundo nacionalista. El resultado fue la segunda versión del plan presentada en 2003, en forma de texto articulado, al Parlamento vasco y, lógicamente, más radical que la primera, puesto que había sido negociada, no con los moderados que no querían ni oír hablar de ella, sino con los más radicales de entre sus autores.

Como toda iniciativa parlamentaria, esta nueva versión del plan estaba abierta a la enmienda y la negociación y para ello hubo tiempo y ocasión, sobrados y prolongados. Pero ni el PP ni, a su zaga, el PSE / PSOE propusieron otra cosa que su retirada..., en un alarde de flexibilidad, como condición previa a su negociación. ¿Alguien ha visto, en la vida política tanto como en la privada, que se negocie una propuesta desistiendo primero de ella? El resultado fue que las enmiendas presentadas procedieron no de quienes hubieran podido moderar la propuesta y que excluyeron durante meses esta posibilidad, sino de quienes pretendían extremarla, especialmente en sus aspectos, por retóricos, más chocantes. Y el resultado, como no podía ser menos, fue la radicalización del plan en la versión sometida a votación del Parlamento vasco el pasado 30 de diciembre. Lo que en una negociación se hubiera podido moderar, reconducir y hacer patrimonio común, con la lógica consecuencia de haber merecido la oposición de HB, se encuentra ahora radicalizado y protagonizado por el tripartito y, más aún, por el bloque nacionalista con el apoyo abertzale. De haber habido una conspiración consciente para obtener tales resultados, la estrategia seguida no hubiera podido ser más acertada.

Si, como se imaginaba, HB hubiera bloqueado la aprobación parlamentaria, el frustrado plan Ibarretxe hubiera servido para consolidar la coalición PNV-EA (algo que ya ha ocurrido), vincular IU al tripartito y plantear como banderín electoral en los próximos comicios autonómicos un proyecto cuyo "centrismo" hubiera aparecido avalado por el común rechazo de "jacobinos" y "abertzales". La mayoría absoluta nacionalista se ofrecía así al alcance de la mano, gracias a la actitud de los llamados "constitucionalistas".

El apoyo parlamentario de HB dificulta semejante escenario, pero posibilita otro no menos preocupante. El voto abertzale hasta ahora drenaba el electorado nacionalista y basta para comprobarlo atender comparativamente a las dos últimas elecciones autonómicas. La ilegalización de HB indujo e induce a muchas decenas de miles de votantes abertzales, bien al encastillamiento en la abstención (¡algo que expresamente pretendían los promotores de la ilegalización, prefiriendo el estancamiento del adversario nacionalista a la incorporación del voto radical a la moderación y la democracia!), bien a votar al PNV-EA, porque es difícilmente concebible un trasvase de votos abertzales hacia el PP o el PSOE. El apoyo parlamentario de HB al plan Ibarretxe supone, objetivamente, cualquiera que sea su intención subjetiva, una invitación a ese voto, capaz de proporcionar al nacionalismo la mayoría absoluta en el próximo Parlamento vasco.

A estas alturas el PP se encuentra fuera del escenario político de Euskadi y el PSE no parece alternativa suficiente con un proyecto alternativo, tan estimable como poco conocido y extemporáneo (por qué no se planteó a tiempo en el Parlamento es algo difícil de entender), criticado desde su mismo seno y visto con reticencia desde el propio PSOE. Esperar que, en tales condiciones, sea el electorado vasco el que derrote al plan Ibarretxe en las próximas elecciones autonómicas es un "pío deseo" que prescinde peligrosamente de la lógica y de la experiencia. Cada vez que se radicaliza la confrontación con el PNV éste incrementa su ventaja. Y si el Gobierno del PSOE surgido del 14 de marzo ha tenido la virtud de desdramatizar las relaciones entre Madrid y Vitoria, llevadas al paroxismo por su paroxístico antecesor, la realidad de un plan apoyado por un Parlamento democráticamente elegido, y que puede obtener un respaldo electoral aún mayor, requiere más allá de la buena voluntad un plus de habilidad estratégica. No basta cambiar de talante, con ser ello necesario; hace falta recurrir al talento.

La negociación de la propuesta Ibarretxe inicial hubie-ra sido más fácil que sobre el texto articulado de 2003; mejor sobre éste, por vía de enmienda parlamentaria, que sobre el texto salido de la ponencia; y hoy, una vez aprobado por el pleno del Parlamento vasco, más difícil que entonces. Si el tripartito obtiene la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, ¿se podrá seguir rechazando la negociación o ésta tendrá lugar en condiciones todavía peores para el Gobierno estatal? ¿No sería mejor negociar ya, discreta y eficazmente? Plantear como línea de defensa la sacralidad de algunos términos constitucionales es propio de alumnos poco espabilados de primero de licenciatura y sugerir como opción el recurso al artículo 8 de la CE, esto es, a las Fuerzas Armadas, una peligrosa estupidez.

Quienes, desde diversas latitudes, el error es transversal, se equivocaron rotundamente cuando sustituyeron la coalición por la confrontación, cuando rechazaron la propuesta Ardanza, cuando desaprovecharon y descalificaron la tregua como si desearan su término, cuando desecharon todas las posibles medidas que hubieran apoyado su prolongación, cuando creían en la derrota nacionalista en 2001 y en tantas ocasiones más, ¿no deberían reconsiderar unos diagnósticos que la tozudez de los hechos no cesa de desmentir? ¿O prefieren seguir participando en la conspiración inconsciente de la que solamente salen como beneficiarios quienes propugnan el "cuanto peor, mejor"? Y peor, sin duda alguna, para todos.

Miguel Herrero de Miñón es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.