Una respuesta a la altura del desafío

Precisamente porque el desafío planteado por Ibarretxe y quienes le apoyan es muy grave, conviene evitar reacciones improvisadas, fulgurantes o histéricas. En primer lugar hay que evitar que, como ha ocurrido frente a otros desafíos contra la convivencia democrática -y éste lo es-, las discrepancias sobre la forma de hacerle frente dividan a las fuerzas que pueden y deben darle respuesta. Conviene también no dejarse embaucar por la retórica nacionalista respecto a la natureza del reto: no es una propuesta de relación amable con España, ni de convivencia entre vascos; es el inicio de un proceso gradual e irreversible de desconexión con España, de división de la sociedad vasca y de ruptura con la lógica del Estado autonómico constitucional. Por ello debe ser frenado ahora.

La iniciativa de la respuesta corresponde al Gobierno. Es lógico que surjan discrepancias o dudas sobre la mejor estrategia a seguir, pero sería absurdo que el debate entre PSOE y PP haga pasar a segundo plano el objetivo compartido. También el PSOE tuvo dudas en su momento sobre algunas de las iniciativas tomadas por el Gobierno del PP en materias sensibles, pero las secundó en casi todos los casos. Esa responsabilidad sería esperable ahora de Rajoy.

La discusión sobre si debe plantearse la batalla en el terreno político o en el judicial es tan absurda como aquella de si a ETA se la combatía política o policialmente: no son vías excluyentes. El recurso ante el Constitucional que plantea el PP puede ser conveniente en un momento dado, y no cabe excluirlo sin más; pero, aparte de su dudosa admisión a trámite a la luz de la sentencia que dictó en abril a propósito del recurso planteado por el Gobierno de Aznar, tendría el efecto indeseado de paralizar la intervención del Parlamento español, que es quien debe pronunciarse. El debate parlamentario debería producirse cuanto antes; en todo caso, antes de las elecciones autonómicas vascas, a fin de que los votantes conozcan anticipadamente el rechazo de las Cortes al plan Ibarretxe: por su contenido anticonstitucional, su probable fraude de ley (reforma constitucional bajo formato de reforma estatutaria), y por todas las demás razones, de procedimiento y políticas, a las que Ibarretxe ha hecho caso omiso.

Ayer aseguró que no aceptará que el Parlamento español (él dijo "el PP y el PSOE unidos en el Pacto antiterrorista") pueda revocar lo decidido "por la sociedad vasca" (no dijo "por los nacionalistas y el brazo político de ETA"). Puso mucho énfasis en considerar obvio que el Parlamento español no tiene voz ni voto, excepto para pactar las condiciones de aplicación del plan mediante una negociación de Gobierno a Gobierno. Sin embargo, el Estatuto vasco prevé esa intervención del Parlamento central, precisamente para garantizar la cohesión del conjunto frente a eventuales propuestas rupturistas de una comunidad.

Pero no es cierto que la última palabra la tenga el Congreso; el procedimiento de reforma de los Estatutos vasco y catalán se la concede al cuerpo electoral de la comunidad autónoma en referéndum. Con ello se garantiza una solución equilibrada: la reforma deberá ser compatible con el sistema a riesgo de rechazo en el Parlamento central; pero los recortes que éste pueda imponer deberán ser moderados para evitar el riesgo de rechazo en el ulterior referéndum. Ibarretxe se ha saltado todo esto y lo que plantea es la alternativa entre negociar la aplicación de su plan o convocar unilateralmente un referéndum ilegal sobre el texto presentado. Dice que la otra única posibilidad sería resolverlo "a tortas". Pero excluye la más adecuada: la reforma siguiendo los cauces legales. Contra lo que parece creer Ibarretxe, la libertad no es la ausencia de normas, sino, como escribió Montesquieu, el "derecho a hacer lo que las leyes permiten". Las leyes democráticas, iguales para todos.

Por ello, no puede excluirse que sea conveniente en un momento dado recurrir a los tribunales. La Constitución atribuye al Gobierno la posibilidad de impugnar determinadas resoluciones de las comunidades autónomas, pero el texto aprobado por el Parlamento vasco no tiene carácter dispositivo al menos hasta su convalidación por las Cortes y su posterior refrendo popular. Para frenarlo es ahora más útil un debate político que ponga de relieve no sólo su anticonstitucionalidad sino sus debilidades democráticas. Ante todo, que intenta sustituir un marco jurídico que suscitó el apoyo del 85% de los electores, nacionalistas o no, y de los tres territorios, por otro que deja fuera a la mitad no nacionalista y que podría provocar la escisión de al menos uno de los territorios, según ha advertido la Diputación de Álava.