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Columna
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La gestión del plan

La gestión compartida del plan Ibarretxe, una vez aprobado por el Parlamento vasco, ha pasado a convertirse en la principal preocupación para sus promotores, lo cual no deja de ser llamativo tras dos años de gestión del mismo caracterizados por el unilateralismo y la despreocupación por la búsqueda de un acuerdo de fondo entre las distintas sensibilidades que existen en la sociedad vasca. Es comprensible la aparición de una cierta sensación de vértigo, de miedo a lo desconocido, al haberse activado, de manera imprevista, un mecanismo legal que el tripartito creía tener bajo control, para ser puesto en marcha -o no- en función de la evolución de los acontecimientos. Y todo ello tras un largo período en el que el Plan -concebido para un escenario totalmente distinto al de hoy- ha sido manejado mucho más como instrumento de acumulación de fuerzas y medio de perpetuación en el poder, que como proyecto de ley sujeto a una dinámica autónoma respecto del Ejecutivo.

Da la impresión de que la incomodidad suscitada por la nueva situación trata de compensarse, por parte del Gobierno vasco, implicando en la gestión del problema institucional generado al resto de fuerzas que no han participado en el Plan. Curiosamente, se apela ahora a la responsabilidad colectiva tras muchos meses de irresponsabilidad, culminada el pasado día 30 al dejar la llave de la política vasca en manos de Batasuna y pensar que no iba a utilizarla según su conveniencia. Es lógico que en el tripartito haya cundido la preocupación, pues probablemente algunos sean conscientes de lo lejos que está la mayoría de la sociedad vasca respecto de las agónicas urgencias que supuestamente justifican el Plan, y la poca gracia que hace en numerosos sectores de dicha sociedad el riesgo de previsible fractura institucional que pudiera avecinarse. Pero, aunque dicha preocupación sea lógica, no parece justo echar en espaldas ajenas la gestión de un problema que venía anunciándose de manera reiterada.

Pero si la gestión del "sí" al Plan Ibarretxe resulta complicada, no lo es menos la gestión de "no", pues lo que en principio no debería ir más allá del rechazo político, sin aspavientos, de las Cortes españolas a una propuesta que no ha sido previamente consensuada en el País Vasco y que, en consecuencia, parte a éste por la mitad, podría derivar en un torrente de declaraciones altisonantes y exaltación del nacionalismo español capaces de crear un escenario parecido al que propició el téndem Mayor Oreja-Redondo Terreros hace ahora cuatro años. Porque el problema no es que el Plan sea secesionista o deje de serlo, como tratan de resaltar quienes se escandalizan ante cualquier cuestionamiento de la unidad de España. Si la propuesta, por muy secesionista que fuera, tuviera el apoyo del 95% del Parlamento vasco, poco tendría que decir Madrid. El verdadero problema es que el proyecto cuenta con menos consenso político que el que tuvo el Estatuto, y encima viene a consolidar el escenario de crispación y tensiones generado en Euskadi durante los últimos años.

Por ello, lo que el país espera no son ahora declaraciones esencialistas, ni ofendidos aspavientos patrióticos de Bono o Rodríguez Ibarra. La sociedad vasca necesita, por el contrario, que desde el Gobierno central se emita una señal de serenidad y un mensaje que tranquilice a la mayoría de los vascos: el rechazo del actual Plan Ibarretxe, por no contar con el suficiente consenso en Euskadi, y su devolución al Parlamento vasco para que éste inicie un nuevo procedimiento, sin unilateralismos, capaz de generar -siguiendo el modelo catalán- un amplio acuerdo que pueda ser luego ratificado en las Cortes. De la misma manera, tampoco se trata de rechazar la consulta -pues cualquier reforma del Estatuto requerirá un referéndum- sino de exigir que la misma sirva para hacer país, y no para que los ciudadanos se partan la cara en la calle. ¿Estarán el Partido Socialista y el Gobierno de Zapatero a la altura de las circunstancias, o regalarán a los promotores del Plan la imagen de un enfrentamiento entre Euskadi y Madrid que haga olvidar el apretado resultado (39-35) registrado en el Parlamento vasco, y active otra vez -como sucediera en 2001- el miedo de grandes sectores de la sociedad vasca a una vuelta al pasado?

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