El fiscal del Estado no recurrirá el archivo del 'caso Atutxa'

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido no recurrir la resolución dictada por la juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Nekane Bolado por la que se archivó la causa contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna. Sin embargo, la fiscalía discrepa de algunos de los razonamientos de la resolución.

La fiscalía no impugnará la decisión por la que se archivan las actuaciones contra Atutxa por entender que "está extensa y suficientemente motivada". No obstante, en un comunicado hecho público ayer, señala que no comparte algunos de los razonamientos incluidos en la resolución, y en concreto "aquellos que parecen cuestionar la decisión de la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo que se trataba de ejecutar. Es claro para la fiscalía", precisa la nota, "que la resolución del Tribunal Supremo se dictó con todas las garantías, dentro del ámbito de competencia funcional del tribunal y que, tanto por su carácter firme como por el órgano del que procede, no es en absoluto cuestionable en este procedimiento penal". Para la fiscalía la decisión no implica un menor rigor en la exigencia de efectividad de la declaración de ilegalización del complejo Batasuna, realizada al amparo de la Ley de Partidos.

Sin embargo, la fiscalía reconoce que la instrucción practicada no permite perfilar, con la necesaria precisión para sostener una acusación penal, los elementos típicos del delito de desobediencia.

Es decir, el Supremo ordenó disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak y los miembros de la mesa del Parlamento vasco, presidido por Atutxa, decidieron formalmente dar cumplimiento a la resolución, aunque de hecho no lo hicieron ya que el acuerdo adoptado no fue aprobado por la junta de portavoces. Por ello no se trata de una desobediencia abierta, clara, expresa y terminante, que dificulta el mantener una acusación sobre la base de ese tipo delictivo.

La Presidencia del Parlamento vasco expresó su satisfacción por la decisión de la fiscalía. "La magistrada, para archivar, no se basa en valoraciones, sino que se ajusta a hechos concretos y a leyes aplicadas en hechos concretos y nos viene a dar la razón al afirmar que no ha habido desobediencia", añadió.

El secretario general del PSE-EE en Vizcaya, José Antonio Pastor, mostró su respeto por la decisión de la fiscalía, y señaló que a su entender demuestra que ha actuado "con total independencia".

El presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Urkullu, afirmó que el fiscal general, como otros poderes del Estado, siguen actuando "bajo el mando político del partido político de turno, antes del PP y ahora del PSOE", y criticó la querella presentada contra los dirigentes de Batasuna por el mitin de Anoeta.

El vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento vasco, Carmelo Barrio (PP), consideró que la decisión de la fiscalía es "ciertamente incomprensible, roza lo escandaloso y parece que la ley no es igual para todos".