Debates estériles

En julio de este año se cumplirán los veinticinco años de la promulgación y entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, y dicho aniversario nos va a pillar a los valencianos, como no podía ser de otra forma, si no me equivoco mucho, en pleno debate sobre su conveniente reforma. No estoy muy convencido sobre si dicha cuestión preocupa en exceso a los ciudadanos pero de dicho asunto han hecho bandera los líderes de los dos partidos mayoritarios de nuestra Comunidad, aunque creo firmemente que los motivos que mueven al PP y al PSPV-PSOE son radicalmente opuestos. Da la impresión para el observador distante que todo comienza y acaba en una competición cuyo fin último reside en intentar demostrar a los demás el mayor índice de valencianismo del que gozan los ya citados partidos, ya que las propuestas que unos y otros lanzan como meros globos sonda en poco o nada afectan al diario cotidiano y común de la mayoría social de los potenciales afectados.

No es casualidad que el inicio del debate mediático sobre la tan manida reforma estatutaria coincida con el conflictivo asunto que los populares valencianos, en una muestra inequívoca de irresponsabilidad política e institucional han puesto sobre la mesa del debate político, social y periodístico. La derecha valenciana en un alarde de irresponsabilidad nos ha intentado trasladar sin la menor reserva al túnel del tiempo, ya que a falta de otros argumentos mínimamente asumibles intenta de nuevo enfrentar a los valencianos en un conflicto de símbolos, denominaciones y banderas que sólo conduce a la irracionalidad y a la más absoluta esterilidad. Llevamos los sufridos vecinos de este territorio padeciendo un desgobierno radical desde que se produjo por voluntad mayoritaria de los españoles que el designado sucesor Sr. Rajoy no presidiese el Gobierno de España. Ante dicho pronunciamiento los gobernantes populares valencianos han destilado enormes dosis de irresponsabilidad, ya que haciendo caso omiso de sus obligaciones y responsabilidades desde el gobierno de la Generalitat, se ha volcado en sus pleitos y guerras internas haciendo dejación de sus responsabilidades gubernamentales, con el agravante nada frívolo de intentar resolver sus problemas domésticos tirando a destajo del presupuesto público valenciano que como es bien sabido y conocido no se encuentra justamente en sus mejores momentos, y ello gracias a una política de despilfarro que en ningún caso ha servido para invertir en sectores claves e innovadores de nuestra sociedad, ha primado el favorecer el pelotazo ladrillero frente a otras alternativas más consistentes pero menos rentables a cortísimo plazo, ya que el gobierno de coalición existente entre especuladores y el Partido Popular ha funcionado como una máquina de precisión en los últimos años.

Nunca en la historia reciente, personajes tan supuestamente liberales han resultado más intervencionistas, ya que la mayoría de sus acciones de gobierno se han basado en utilizar de forma interesada y sectaria los recursos públicos en beneficio de unos pocos, y ello no responde a una mera opinión, sino que dicha circunstancia está debidamente contrastada y publicada por numerosas fuentes dignas de toda solvencia. Dicen que todo pueblo o colectivo se merece el gobierno que padece legítimamente elegido en las urnas, pero seguramente el caso que nos ocupa debe corresponder a la excepción que confirma la regla, porque no resulta nada fácil encontrar situaciones similares, ya que la irresponsabilidad del Partido Popular en la Comunidad Valenciana raya con lo imposible de imaginar, sirva como mero ejemplo el hecho de permitirnos el lujo nada sencillo de disfrutar de un miembro del Gobierno que llega a confundir el saludable deporte del golf con la actividad agrícola, hay que echarle ganas e imaginación al asunto. Pero todo vale cuando el barco navega sin capitán y sin rumbo.

Hasta resulta posible ver en algún medio de comunicación a algún avispado Conseller sin Cartera acudir al tajo en bicicleta, debe ser por ahorrar en combustible.

La impunidad o la conciencia de saberse poco o nada fiscalizado conduce sin ningún tipo de dudas al desastre absoluto a medio o largo plazo, pero cuando se dispone de la imprenta del DOGV, de la caja de los ciudadanos y de alguna que otra entidad financiera, todo parece más fácil a pesar de la presunta oposición, que como dijo alguien hace años ni está ni se le espera. Estas opiniones no pretenden en cualquier caso constituir una soflama contra el partido gobernante, pero sí y sin ningún reparo llamar la atención de quien se supone nos debería gobernar, y sin embargo se dedica desde hace muchos meses a librar batallas internas en función de una sucesión que se salió del guión establecido. Llegando incluso a la insensatez de resucitar viejas cuestiones que sólo conducen al enfrentamiento civil de los valencianos y a engordar personajes que sólo pretenden sacar tajada personal de tan desgraciada situación.

El Partido Popular está inmerso en su travesía del desierto particular, aunque sea pasando por la calle Génova en la capital del reino, pero de dicha circunstancia, consecuencia directa de su derrota electoral en las últimas elecciones no deberíamos ser paganos los valencianos.

Así que cabe emplazarlos sin rubor alguno a exigirles que dejen de discutir sobre la herencia yacente del prodigo y dilapidador Zaplana y se pongan a gobernar en serio.

El Presidente Camps y sus voceros llevan tiempo dedicándose a la práctica permanente del victimismo territorial frente al gobierno socialista de Zapatero, pero han sido incapaces en este tiempo de apuntar aunque sea de lejos el mínimo proyecto de presente y futuro de nuestra Comunidad, en conclusión carecen de ideas y proyecto.

Pero a pesar de todo lo dicho hay que reconocer que tienen suerte, ya que aunque a nadie le importe mucho el asunto, el Partido Socialista pone sobre la mesa la reforma estatutaria, tema que a buen seguro resulta baladí para la mayoría de los valencianos pero dota de discurso a los políticos profesionales y a los medios de comunicación diarios.

No parece en mi opinión razonable, iniciar un debate de reforma estatutaria, cuando nos encontramos ante una presunta reforma constitucional, cuando además no está definida ni de lejos la cuestión esencial de la financiación autonómica ni tampoco la función y papel a desarrollar en el futuro por las Corporaciones Locales en el Estado Autonómico y a mayor abundamiento dejando de lado de forma consciente el espinoso tema de la provincia. Ante tantas incógnitas por despejar, me permito cuestionar si la decisión de poner en primera línea del debate político valenciano la reforma del Estatuto de Autonomía es lo más conveniente y responsable en estos momentos, cuando son tantos y tan graves los problemas no resueltos que nos acechan.

Francisco A. Serrano Martín es abogado.