La reforma de la PAC se inicia con el recorte de ayudas directas

Las exigencias en materia de medio ambiente para percibir las ayudas comunitarias, la modulación o recorte en las subvenciones directas y el desarrollo de las negociaciones para la asignación de los derechos de pago para cada explotación constituyen los puntos más importantes en el desarrollo de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2005. La reforma de la OCM del azúcar, uno de los retos pendientes para los próximos meses.

La reforma de la PAC en 2003 contemplaba la exigencia de un recorte en las ayudas comunitarias de un 3% en 2005, del 4% en 2006 y del 5% en 2007 para destinarlas al desarollo rural o medio ambiente solamente para las ayudas superiores a 3.000 euros. Bruselas justificó esta medida como una salida en beneficio de los pequeños agricultores. En España, las organizaciones agrarias criticaron la misma por considerar que no se beneficia a los profesionales, sino a una gran parte de quienes cobran pocas ayudas y tienen el campo como segunda actividad.

A partir del pasado 1 de enero han entrado en vigor las exigencias de condicionalidad o buenas prácticas agrarias que serán indispensables para poder cobrar las ayudas comunitarias.Quienes no las cumplan tienen la posibilidad de perder elevados porcentajes en los pagos previstos y hasta corren el riesgo de perder las mismas en su totalidad. Entre otras medidas se prohíbe el laboreo en dirección de pendiente cuando la media sea del 10% en cultivos herbáceos y cuando sea del 15% en cultivos leñosos. No se podrán comenzar a labrar los suelos para herbáceos antes del 1 de septiembre; habrá unas mayores exigencias para rotación de cultivos; un control más estricto sobre los sistemas de riego para el ahorro de agua; prohibición de roturar o quemar pastos; obligación del mantenimiento del arbolado en las tierras de pastoreo; control en la eliminación de restos de cosechas, y prohibición tajante de quema de rastrojos, salvo por razones fitosanitarias.

Los próximos meses, tras la decisión española de iniciar la aplicación de la reforma de la PAC en 2006 y fijar a finales del pasado año los criterios sobre porcentajes de pagos desligados de la producción, serán el escenario para la asignación de derechos de pago a cada explotación, en función de los cuales se pagarán las ayudas en el futuro.

Agricultura deberá comunicar los derechos de pago a cada perceptor en función de los cobros comunitarios realizados en las campañas 2000-2001, 20012002 y 2002-2003. Administración y sector esperan que la asignación final de esos derechos suponga docenas de miles de recursos en los próximos meses.

Al asignarse los derechos a quien cobró la ayuda y que los mismos no estén ligados a la tierra, ante la gran importancia del sistema de arrendamiento, sobre todo en herbáceos, se esperan grandes problemas entre quienes tengan en este momento la explotación de las tierras y quienes cobraron las ayudas. Ello provocará que miles de agricultores tengan tierras sin derechos y a la inversa, otros tengan derechos pero no dispongan de tierra.