Marbella perdió 134 millones de euros en operaciones urbanísticas en sólo dos años

La política urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) ha supuesto una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de Marbella. Solamente entre los años 2000 y 2001, las enajenaciones de suelo y las cesiones de aprovechamientos urbanísticos a particulares causaron un perjuicio a la hacienda municipal de unos 134 millones de euros, según estima el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre dichos ejercicios. El consistorio vendió suelo por valor muy inferior al de mercado, lo que permitió a algunos compradores privados obtener plusvalías de hasta el 1.000%.

El Ayuntamiento de Marbella, que ahora preside Marisol Yagüe, también firmó operaciones y convenios que vulneraron las leyes de ordenación urbanística, y las de hacienda y de bienes de las entidades locales.

El Tribunal de Cuentas alerta en su informe de que las actuaciones en política urbanística comprometen la situación financiera del consistorio, que se enfrenta ya de hecho a reclamaciones de algunos promotores a los que vendió suelos con calificaciones y aprovechamientos que no han podido ejecutarse, o que se han demorado más de lo previsto, y que tenían supeditada su eficacia a la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aún no se ha producido.

Además, el Ayuntamiento de Marbella tendrá que hacer frente en su día a las responsabilidades que se deriven por las sentencias anulatorias de licencias de obras de promociones ya construidas y habitadas que ha empezado a dictar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según el informe del Tribunal de Cuentas, aunque los convenios contenían "operaciones de todo tipo", lo más habitual era la negociación para la recalificación urbanística de terrenos, en la que el consistorio obtenía una parte de la mayor edificabilidad otorgada que a su vez enajenaba al mismo interesado, y solía cobrar una parte en el momento de la firma, dejando el resto para el momento en el que se aprobara la revisión del PGOU y se pudiera ejecutar el nuevo planeamiento.

Licencias sin plan

En muchas ocasiones además, el Ayuntamiento dio licencias para construir con los nuevos parámetros sin esperar a la aprobación del nuevo planeamiento, y sin desarrollar los pertinentes instrumentos que exige la ley para el desarrollo urbanístico -planes especiales, estudios de detalle, etcétera-, lo que ha motivado que más de un centenar de estos permisos hayan sido impugnados por la Junta de Andalucía.

Pero además de ocasionar un considerable conflicto judicial y administrativo con centenares de procedimientos abiertos, la política urbanística de Jesús Gil y su sucesor, Julián Muñoz -el primero ya fallecido y el segundo, en los bancos de la oposición municipal-, ha perjudicado ostensiblemente el patrimonio público de los marbellíes.

En muchos de los convenios, el Ayuntamiento entregaba a particulares bienes inmuebles para cancelar deudas propias o de las sociedades municipales por la realización de obras y servicios que, según el Tribunal de Cuentas, en bastantes casos no ha quedado acreditado que se realizaran.

La Ley autonómica de Bienes de las Entidades Locales sólo permite el pago de obras con bienes cuando aquellas traten de actuaciones sistemáticas de planeamiento urbanístico. El consistorio marbellí también usó la venta de suelo para financiar gastos corrientes, algo que prohíbe taxativamente la Ley de Haciendas Locales.

Por otro lado, gran parte del suelo público enajenado se realizó por negociación directa, sin subasta pública previa, como exige la Ley de Bienes de las Entidades Locales, y además fueron realizadas directamente por el alcalde -en todos los convenios de 2000 y 2001 firmó siempre Julián Muñoz por delegación de Jesús Gil- y no por el pleno, como establece la ley.

El informe del Tribunal de Cuentas constata la existencia de cierto descontrol sobre el propio patrimonio municipal, con una deficiente identificación de la situación física y jurídica de los suelos, de forma que se sacaron a subasta bienes que ya se habían adjudicado mediante convenio, o como una misma parcela salía a la venta en dos subastas distintas, e incluso la concesión de licencias de obras sobre terrenos que no pertenecían al promotor beneficiario.

Para la valoración de los suelos, que según el Tribunal de Cuentas se realizaba habitualmente por debajo del precio de mercado, el Ayuntamiento recurrió a tasadores externos y prescindió de los funcionarios municipales, lo que permitió irregularidades como falsificaciones de fechas, informes de tasación carentes de firma, falta de homogeneidad de los precios de terrenos con condiciones similares, y en mucho casos de utilizaron tasaciones realizadas muchos años antes.

El Tribunal de Cuentas ha constatado que compradores de suelo obtuvieron un 25% de plusvalías en el mismo día de adquirirlos y que algunas promotoras han multiplicado por 10 sus beneficios al cabo de cuatro años.