Una encuesta abierta

LA COMISIÓN DEL CONGRESO sobre el 11-M prosigue sus tareas dentro del ámbito de competencias que la separación de poderes establece. La distribución del trabajo está claramente diseñada por el artículo 76 de la Constitución: mientras la comisión parlamentaria se ocupa de esclarecer las eventuales responsabilidades políticas relacionadas con el brutal atentado, la investigación de las responsabilidades penales corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales, ayudados por los cuerpos y fuerzas de seguridad en su papel funcional de policía judicial. De acuerdo con ese precepto constitucional, las conclusiones de la comisión del 11-M "no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales", sin perjuicio de que sus resultados puedan ser comunicados al ministerio fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.

El PP discrepa de la decisión tomada por el resto de los partidos para que la comisión parlamentaria comience a deliberar sobre las conclusiones a partir de los trabajos hasta ahora realizados

El pasado 22 de diciembre, los comisionados -excepción hecha de los representantes del PP- dieron por concluidas las comparecencias personales, a salvo de la hipotética aparición de datos nuevos relacionados con los objetivos específicos de la encuesta parlamentaria. La siguiente etapa de la comisión estará consagrada a la elaboración de las conclusiones a partir de los testimonios y de los documentos estudiados. Los populares consideran, sin embargo, que la suspensión -siempre revisable- de las comparecencias ha sido un alevoso carpetazo dado por los restantes partidos para impedir que se sepa la verdad sobre el 11-M.

La comparecencia el 15 de diciembre de Pilar Manjón -portavoz de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo- fundió los focos del circo mediático montado por el PP y por los medios de comunicación situados a su rebufo para crear la confusión, tergiversar los hechos y sembrar la cizaña. Esa estrategia diversionista aspiraba a mantener indefinidamente abiertas en sede parlamentaria unas interrogantes inverosímiles sobre la autoría del atentado que la investigación policial, fiscal e instructora ha desestimado en sede judicial tras nueve meses de trabajo. Las doloridas quejas de Pilar Manjón por la obscena conducta de algunos comisionados (valga como ejemplo la zafia grosería chocarrera de Eduardo Zaplana) pusieron al desnudo las maniobras del PP y de su séquito mediático orientadas a convertir la investigación parlamentaria en un irrespetuoso espectáculo folclórico; la alternativa sugerida por la portavoz de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo -la creación de una comisión de expertos al estilo anglosajón- no sólo llega con retraso, sino que además no tiene fácil encaje en nuestro ordenamiento constitucional.

Los objetivos perseguidos hasta ahora por el PP en la comisión se han vuelto en su contra. La tentativa de eludir la exigible rendición de cuentas de la política de prevención del terrorismo islamista realizada por el Gobierno anterior ha naufragado: los fallos de coordinación de los cuerpos de seguridad y el culposo diagnóstico erróneo del atentado de Casablanca han sido puestos en evidencia por los testimonios de los mandos policiales y de los servicios de inteligencia. De poco han valido las chuletas cuidadosamente memorizadas o leídas por Aznar y sus ministros con el propósito de negar la obvia estrategia de engaño puesta en marcha por el Ejecutivo desde el mismo día del atentado para ocultar a la opinión pública la identidad de sus autores: ha quedado meridianamente claro que los sólidos indicios sobre la participación del terrorismo islamista disponibles a partir de la tarde del 11-M fueron artificialmente desdeñados o maliciosamente diluidos para dar verosimilitud a una falsa certidumbre sobre ETA. Y también resulta indiscutible que la sobreactuada insistencia en la conjetura etarra y la correlativa infravaloración de la pista islamista tuvieron un propósito electoral: el convencimiento gubernamental de que los votantes darían la mayoría absoluta al PP si la autoría era de ETA, pero le castigarían en las urnas -a causa de la guerra de Irak- si correspondía a terroristas islamistas.