La deuda atenaza las cuentas de la Generalitat

Las cuentas públicas de la Generalitat siguen atenazadas por la deuda, generada fundamentalmente por las prestaciones sanitarias y las principales empresas públicas gestionadas por el Consell. El informe de la Sindicatura de Comptes, correspondiente al ejercicio de 2003 y presentado ayer, alerta sobre la existencia de situaciones irregulares, descontrol en empresas públicas que requieren de medidas específicas de saneamiento y la existencia de ingresos de "dudoso cobro" junto con compromisos de gasto que no se recogen. Todo ello ya en el marco de un plan aprobado en 2002 por el Gobierno de José María Aznar para aligerar la carga financiera del endeudamiento de la Generalitat con el año 2032 como horizonte.

La deuda viva se incrementó un 14%, o lo que es lo mismo, en casi 700 millones de euros

2003 fue un año de transición, entre la Administración interina presidida por José Luis Olivas y el nuevo equipo dirigido por Francisco Camps, tras revalidar la mayoría absoluta del PP en los comicios autonómicos de mayo. El año anterior, 2002, el Gobierno de José María Aznar ya había reconocido la situación de excepcionalidad de la Comunidad Valenciana al autorizar -por acuerdo del Consejo de Ministros- a la Generalitat a emitir deuda por un importe máximo de 3.243 millones de euros para "reducir el importe de la carga financiera derivada del endeudamiento y optimizar los recursos". A cambio, la Generalitat se comprometía a liquidar el importe de esa deuda en cuartas partes a lo largo de los ejercicios 2029 y 2032, según recuerda el propio informe de la Sindicatura de Comptes.

Sin embargo, durante el año pasado, el Consell realizó operaciones de "refinanciación del endeudamiento por un importe de 3.531" millones de euros. La auditoría del órgano fiscalizador señala que ya en el primer año de vigencia "la materialización o aplicación práctica del citado acuerdo [con el Gobierno Aznar] no es concordante con los límites del mismo", básicamente porque se convirtieron préstamos a corto plazo de tesorería -es decir créditos para pagar los gastos corrientes- en deuda pública.

La auditoría depositada ayer en las Cortes Valencianas indica de manera clara que, "de acuerdo con los datos mostrados" por la propia Consejería de Economía la deuda viva se incrementó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003 un 14%, o lo que es lo mismo en casi 700 millones de euros.

La Sindicatura de Comptes da por buenos los trazos generales de la contabilidad presentada por el Consell, pero hace algunas salvedades importantes sobre la realidad financiera de la Administración valenciana. La política del patadón hacia adelante se sigue practicando, especialmente en la prestación de los servicios sanitarios. Así, Sanidad pagó el año pasado 300 millones de euros de gastos de asistencia sanitaria correspondientes a ejercicios anteriores, pero dejó de contabilizar "al menos" 1.121 millones de euros gastados a lo largo de 2003.

En sus conclusiones, la Sindicatura afirma taxativamente que "no puede pronunciarse sobre la razonabilidad del saldo del inmovilizado -el valor del patrimonio que tiene la Generalitat- al cierre del ejercicio de 2003. Una decisión adoptada porque la Generalitat no recogió en su contabilidad las partidas destinadas a la amortización de los bienes sujetos a depreciación, ni tampoco las "pérdidas reversibles en las inversiones financieras permanentes de capital". En otras palabras, tampoco registró el gasto realizado en acciones de empresas públicas deficitarias, como Ciegsa, el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), la Sociedad Proyectos Temáticos o la Ciudad de las Ciencias, entre otras. Un apunte contable que, si se hubiese hecho, hubiese supuesto una reducción en el valor de las "inversiones financieras permanentes de capital" de la Generalitat de 290 millones de euros.

Los autores de la auditoría, como en ejercicios anteriores, vuelven a criticar que se cuadren las cuentas hinchando el capítulo de ingresos con "derechos pendientes de cobro" de ejercicios anteriores. Unas facturas sobre las que pesa "una cierta incertidumbre en cuanto a expectativa de cobro" y que ascienden a centenares de millones de euros. Para los responsables de la auditoría de las cuentas de 2003, la Generalitat tampoco fue exhaustiva al enumerar "los compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores". La Sindicatura de Comptes, que dirige Rafael Vicente Queralt, señala que se han obviado los compromisos de gasto con cargo a ejercicios contables futuros relativos a la construcción del nuevo hospital La Fe de Valencia, el plan de modernización de Feria Valencia (que llega hasta el 2022), las anualidades posteriores a 2007 que habrá que pagar a los gestores privados de los hospitales de Alzira y Torrevieja o los compromisos financieros con las universidades valencianas.

En el informe que el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, depositó ayer en las Cortes Valencianas y luego entregó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, también se alerta de que el riesgo de las operaciones avaladas por la Generalitat entre 1999 y 2003 "se ha incrementado considerablemente" y se ha concentrado en un 98% en empresas y entes públicos de la propia Generalitat. La auditoría también lamenta la alegría con la que se han realizado a lo largo de 2003 modificaciones presupuestarias y el retraso en su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Respecto a las empresas públicas, los auditores de la Sindicatura de Comptes detectan situaciones de especial gravedad financiera en empresas y entes públicos, donde el gasto se ha disparado muy por encima de las previsiones iniciales y se endeudan con cargo a ejercicios futuros. Así, en 2003 la Sociedad Proyectos Temáticos había suscrito préstamos por más de 352 millones de euros a pagar a partir de 2008, que en algunos casos no está previsto amortizar hasta el 2019. Ciudad de las Artes y las Ciencias SA contaba el año pasado con créditos por importe de 608 millones con vencimientos hasta el año 2025. El saldo vivo de esta deuda a largo plazo de CACSA era de 535 millones al final de 2003. El sistema de pagos a futuro se ha instaurado también en otros entes, como la Fundación de las Artes Escénicas de Sagunto, que tiene un préstamo de 31,5 millones con un periodo de carencia de seis años, por lo que no empezará a pagar hasta 2009.