Cultura presenta el borrador del plan del Gobierno contra la piratería

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, se reunió ayer con representantes de entidades de gestión, productores discográficos y cinematográficos y de programas de ordenador, a los que presentó el borrador del Plan Integral del Gobierno para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual. El proyecto afecta a 11 ministerios y prevé la participación de comunidades autónomas, corporaciones locales y sector privado. España está entre los 10 países del mundo más afectados por la piratería.

La ministra Carmen Calvo anunció a primeros de mes la elaboración por parte de su departamento del plan del Gobierno contra la piratería. Ayer se reunió con los representantes de los sectores afectados en la serie de cultura e hizo públicos los cinco puntos fundamentales del borrador.

En primer lugar, Cultura propone la "creación de una comisión interadministrativa constituida por representantes de todas las administraciones públicas, organizaciones privadas empeñadas en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, entidades de gestión de derechos y asociaciones de consumidores", según la nota difundida por el ministerio.

La segunda medida se centra en las "acciones preventivas que pretenden determinar el alcance de la piratería; qué intereses esconde esta actividad; su relación con otras formas de delincuencia; el perfil de los consumidores de estos productos ilegales, y las razones que le llevan a ello, así como el grado de conocimiento de aceptación por parte de la sociedad de las normas de propiedad intelectual...".

Las campañas de sensibilización social "destinadas a concienciar al conjunto de la población del grave quebranto que supone la conculcación de los derechos de la propiedad intelectual, quebranto no sólo evaluable en términos de empobrecimiento cultural, sino quebranto económico en diferentes sectores de la economía española", son el eje del tercer punto.

Herramientas

A continuación, el borrador elaborado por Cultura se detiene en el "análisis de las herramientas e instrumentos normativos actuales desde la perspectiva del derecho (normas estatales, autonómicas, locales y europeas, así como adecuación a la normativa española a las normas comunitarias), con las que cuentan las fuerzas de seguridad, así como jueces, magistrados y fiscales". Según el Ministerio de Cultura, "el resultado de esta acción determinará, en su caso, las modificaciones que habrán de llevarse en el ordenamiento jurídico español para dotarle de una mayor eficacia, así como recomendaciones a las administraciones locales, especialmente en lo que se refiere a la acción policial y la persecución de las actividades callejeras".

El último punto del documento se refiere a la intención de "establecer mecanismos de formación continua para los agentes públicos encargados de velar por el respeto de los derechos de la propiedad intelectual, es decir, acentuar la formación de policías y miembros de la judicatura en este campo. Esta medida también contiene acciones dirigidas a impulsar la investigación en este ámbito, especialmente en las universidades".

Sólo en el mercado discográfico, el año pasado la venta ilegal de discos superó por primera vez la barrera de los 1.000 millones de ejemplares en todo el mundo, según un informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. En este estudio, España aparecía, por segundo año consecutivo, entre los 10 mercados más afectados por la piratería. Ningún otro país de la UE estaba entre los 10 primeros. Los países más castigados por la piratería en 2003 fueron China, Pakistán, Brasil, México, Paraguay, Rusia, Tailandia, Ucrania, Taiwan y España.