El Gobierno quiere liquidar las Cámaras de la Propiedad antes de las elecciones

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, confirmó ayer en sede parlamentaria que la pasada semana firmó la orden que da inicio al proceso de liquidación de las Cámaras de la Propiedad Urbana como corporaciones de derecho público. La orden, que tendrá que materializarse en un decreto que, según precisó el consejero, espera aprobar antes del final de la legislatura en mayo, llega con dos años de retraso. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior vasco de diciembre de 2002 ordenó al Gobierno que cumpliese definitivamente un Real Decreto de 1994 que le obligaba a dicha liquidación. En junio pasado, y ante la pasividad del Gobierno, el tribunal le amenazó con ejecutar la sentencia por sus propios medios si mantenía esa actitud.

La liquidación de las Cámaras de la Propiedad Urbana supondrá el paso de sus trabajadores al Gobierno, como ya hicieran los de Álava, salvo los que prefieran ser indemnizados, y la asunción pública de las funciones que desarrollaban, así como del patrimonio que han generado durante los años en que estas entidades se financiaban con una cuota obligatoria.

La comparecencia de Madrazo, de EB, en comisión, a petición del parlamentario socialista Jesús Loza, no se cerró, sin embargo, con un compromiso de liquidar las cámaras antes del final de esta legislatura, sino sólo con el "propósito" de hacerlo. La tramitación media de un decreto dura tres meses y si alguno de los otros dos socios del tripartito quiere dilatar el proceso podría retrasarlo hasta después de las elecciones autonómicas, previstas para mayo. Vivienda y Vicelehendakaritza se comprometieron en su momento ante la Sala de lo Contencioso a aprobar el decreto de liquidación antes de que concluyese el presente año.

Fuentes de Vivienda reconocieron ayer que el proceso es complicado, entre otras razones por las vinculaciones políticas de unas Cámaras de la Propiedad Urbana que, en el caso de Vizcaya y de Guipúzcoa, han asimilado buena parte de sus tarifas a las del sector privado. La auditoría de estas entidades encargada por el propio Gobierno y que le fue entregada hace ahora un año demostraba que sus ingresos por servicios eran bajos, evidenciando "un escaso nivel de actividad". El caso es opuesto a lo que ocurre con la cámara de Álava, que gracias a cuotas hasta un 300% más baratas y unas tarifas muy ventajosas para sus asociados, ha mantenido un nivel de actividad muy elevado con respecto a las entidades de las otras dos provincias.

Loza recordó que la situación patrimonial de las Cámaras de la Propiedad de Vizcaya y de Guipúzcoa es "preocupante", debido a sucesivos años de pérdidas que les han hecho perder parte de un patrimonio que debería ser público desde hace una década.

Parte de la dificultad para la liquidación de estas entidades reside en evaluar qué porcentaje de su patrimonio ha de quedarse en el sector público y cuál puede devolverse a unas hipotéticas asociaciones de nuevo cuño, herederas de las Cámaras y que se creen para defender, tras la liquidación, a los propietarios urbanos.