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COLUMNA

La Ley de la Defensa

Empiezan a conocerse detalles de lo que será la futura Ley de la Defensa Nacional a partir de la información firmada por Miguel González en la edición de EL PAIS correspondiente al pasado domingo día 26. Mientras esperamos el texto que deberá aprobar el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso sólo podemos ponderar el probable contenido de la Ley anunciada a partir de los titulares y sumarios con los que ha sido avanzada a los lectores. Todo cuanto aquí se escriba queda, pues, pendiente de confirmación o enmienda para cuando el proyecto aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Cámara. Pero la primera impresión, derivada del titular a toda página con el que se presenta la información ("La futura Ley de la Defensa Nacional prohíbe el envío de tropas españolas a una guerra ilegal"), es que la Ley de la Defensa parece ser sobre todo una Ley a la defensiva, como si buscara seguir justificando la orden de retirada de Irak que dio el presidente José Luis Rodríguez Zapatero a las fuerzas españolas enviadas allí por su predecesor José María Aznar.

Como dicen los físicos cuando se obstinan en mantenerse dentro del campo de la fenomenología "todo sucede como" si con la nueva norma anunciada el Gobierno quisiera autojustificarse. Y esa percepción se refuerza todavía más con la lectura de dos de los tres sumarios explicativos, a tenor de los cuales "Para ordenar operaciones que no estén relacionadas con la defensa de España se deberá recabar el parecer del Congreso" y "En casos de máxima urgencia, el Gobierno podrá decidir y someter su decisión al Parlamento lo antes posible". Llegados aquí, algunos que estuvieron siempre en contra del envío de tropas españolas a Diwaniya y Nayaf se consideran autorizados a disentir de los argumentos esgrimidos para su retirada, basados en la necesidad de cumplir una promesa incluida en el programa electoral del partido vencedor en las urnas del 14 de marzo.

Para estos discrepantes hubiera sido preferible evitar cualquier ostentación efectista como la de aquel 18 de abril, cuando en una declaración institucional el presidente Zapatero informaba de que "esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles". Hubiera sido mejor reunir antes al Consejo de Ministros y comparecer también ante el Congreso de los Diputados para explicar que en una situación de hostilidades generalizadas como la generada en Irak "las misiones de estabilización, reconstrucción y ayuda humanitaria" encomendadas a nuestras fuerzas, resultaban de imposible cumplimiento. En consecuencia, el Congreso hubiera debido pronunciarse a continuación sobre la alternativa de asignar nuevas misiones de combate a las tropas españolas, que habían sido embarcadas sin ellas, o proceder sobriamente a su retirada.

Volviendo a la futura Ley de la Defensa Nacional, se nos dice que sustituirá a la Ley de Criterios Básicos de la Defensa de 1980, impulsada en los tiempos de UCD por Agustín Rodríguez Sahagún, primer civil que fuera titular del departamento, y reformada después en 1984 siendo ministro el socialista Narcís Serra. Sabemos que la nueva norma tendrá carácter de Ley Orgánica porque ése es también el de la disposición que viene a relevar. De ahí que para su aprobación requerirá mayoría absoluta del Congreso, equivalente al voto de al menos 176 diputados.

Dada la materia de que se trata, el Gobierno de Zapatero quiere consensuar con todas las fuerzas políticas parlamentarias, en especial con el Partido Popular de Mariano Rajoy, la nueva Ley de la Defensa. Pero, más allá del catálogo de órganos de la defensa, y de los votos que precisará la Ley, debería concordar con los compromisos asumidos en la UE y en la OTAN, cribar los resultados de aquella Revisión Estratégica, que analizaba los cambios en el escenario y las nuevas vulnerabilidades, y dejar claro como tenemos bien aprendido, que el terrorismo no se combate a cañonazos, ni con tribunales militares a lo Bush-Rumsfeld-Guantánamo. Continuará.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de diciembre de 2004