Soberanía

Si no me equivoco, la última vez que se quebró en España la legalidad constitucional fue con motivo de la guerra civil. Desde entonces, y ya va para setenta años, se ha respetado siempre la vigencia de los textos fundamentales. Incluso en los tiempos del sórdido sistema de Franco. A partir de la Ley Orgánica del Estado de 1967 España ya sabía que después del cruel dictador militar habría un rey que sería don Juan Carlos. Y así pasó, y aunque entre el franquismo y la actual democracia parlamentaria media un abismo jurídico-público, no es menos cierto que la transición se hizo con la ley en la mano. La valiente y novedosa Ley de Reforma Política de 1976, votada por el pueblo, fue el puente institucional que nos sacó del oscurantismo y nos llevó a la dignidad política. Dos años después, la Constitución de 1978 fue refrendada masiva y afirmativamente por el pueblo. Y esa es la fuente y esa es la luz.

Creo que no está de más evocar tamañas obviedades en los tiempos actuales. Y ello porque nos acercamos a un gran conflicto político en el País Vasco, que será, sin duda alguna, el desafío más inquietante al que ha de enfrentarse nuestra legalidad constitucional. Estamos en puertas de un gran suceso de deslealtad y unilateralismo. Ante un reto hijo de la exclusión y del nacionalismo más radical: esa flor venenosa que arruinó a Europa (y últimamente a Yugoslavia) como bien denunció Stefan Zweig. Nos hallamos en vísperas de un insólito avatar maximalista, surgido en una región muy rica y desarrollada que goza de la mayor autonomía de la Unión Europea. Mas no hay que ponerse nerviosos. En absoluto. Porque la ley será cumplida. ¿O es que alguien lo duda? Y la ley establece que sólo la mayoría de los españoles tiene la llave del cambio constitucional a través de la preceptiva consulta en las urnas. La sociedad española decidirá, porque son los ciudadanos quienes detentan la soberanía. Todos los ciudadanos, no unos pocos; no los de una comunidad o los de otra. Porque lo que afecta a España es competencia de todos.