Los principales proyectos de Sanidad retrasan su puesta en marcha hasta el año próximo

Dos años después de la aprobación en las Cortes de la Ley de Ordenación Sanitaria, buena parte de los aspectos que planteaba el documento están aún sin desarrollar. Quizás la cuestión pendiente más destacada sea la creación de la Agencia Valenciana de la Salud, a la que el texto cede el control de la atención sanitaria y sociosanitaria, pero tampoco se han hecho efectivas cuestiones como el plan de no demora o la nueva organización basada en departamentos de salud, algunas de las cuales están previstas para 2005. Tampoco están en marcha proyectos anunciados por el consejero Vicente Rambla como el testamento vital, el programa de cáncer hereditario o la puesta en marcha del hospital Padre Jofré.

La Ley de Ordenación Sanitaria (LOS), destinada a plasmar en ley el credo sanitario del Partido Popular valenciano y dar amparo a las fórmulas de gestión privada, se aprobó el 30 de enero de 2003 con los únicos votos de los populares y con un año de retraso sobre la fecha prevista. Las principales cuestiones organizativas que planteaba la norma están aún pendientes.

- Agencia Valenciana para la Sanidad. Se trata del eje principal sobre el que se vertebra la ley. A este organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica propia, se le concede la gestión y administración de los "centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria" que podrá llevarse a cabo "con medios propios o ajenos, públicos o privados, mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho". No hay fecha de puesta en marcha. En abril de este año el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, presentó su logotipo y hace unas semanas se ha ultimado el borrador, por lo que se prevé que se ponga en marcha en los próximos meses. El responsable del nuevo organismo será Manuel Cervera. Precisamente la elección de Cervera por parte de Rambla, en lugar del que se consideraba candidato natural para ocupar el cargo, el ex secretario autonómico para la Agencia Valenciana de la Salud (AVS), Marciano Gómez, fue el detonante de la salida de éste y el motivo de una crisis en la consejería.

- Plan de Garantía de no Demora. Se incluye en el artículo 14 de la LOS y consiste en el compromiso de practicar en la sanidad pública, tanto pruebas diagnósticas como tratamientos, en un tiempo determinado "que será fijado con la participación de las sociedades científicas". La idea es que pasado este tiempo, la Generalitat financie las pruebas diagnósticas, terapéuticas o el tratamiento quirúrgico en el centro que libremente elija el paciente. En junio pasado, Rambla anunció su intención de fijar un máximo de 45 días para intervenciones quirúrgicas y de 10 para consultas y exploraciones y un presupuesto de 126 euros para el plan; pero aún no es efectivo. El núcleo de la cuestión, la mejora de la gestión de la lista de espera, se aplazó al próximo año. Mientras, aún no se ha perfilado el documento en el que se establecerán las condiciones para hacer efectivo el reembolso del coste de las pruebas o el proceso cuando se hayan sobrepasado los plazos.

- Libre elección de médico y centro. Es otro de los aspectos incluidos en la ley, al señalar que los ciudadanos "tienen derecho a la libre elección del médico y centro, en las condiciones que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley". También, prácticamente en los mismos términos, se recoge esta facultad en la Ley de Derechos e Información al Paciente, de 2003, e incluso en la Ley General de Sanidad, la norma estatal de 1986. Pese a este extenso reconocimiento legal, existen trabas y reticencias en los centros a la hora de hacer efectivo este derecho cuando los usuarios lo reclaman. El Gobierno popular valenciano no ha desarrollado normativamente este aspecto -el Insalud sí elaboró un decreto- y su aplicación depende de una circular emitida por el Ejecutivo autonómico socialista.

- Departamentos de salud. La LOS sentenció las actuales áreas de salud -las 20 unidades administrativas en las que se divide territorialmente la gestión sanitaria- en favor de la creación de departamentos sanitarios, que sustituirán a la áreas y de las que apenas se sabe algo más que habrá un mínimo de uno por provincia.

Al margen de estos aspectos recogidos por la LOS, existen otros programas pendientes de ejecutar por parte de Sanidad. Estos son algunos de ellos.

- Cáncer hereditario. La Consejería de Sanidad anunció en enero del año pasado un programa de análisis genéticos para prevenir tumores hereditarios en familiares de enfermos. Las últimas informaciones apuntan a que empezará a estar operativo a principios de 2005.

- Testamento vital. Incluido también en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, la Comunidad Valenciana ha regulado esta materia, pero su ejecución aún no es completa, según un informe de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud), publicado a finales de octubre. La consejería señaló la semana pasada que a partir de enero se resolverían los problemas informáticos que han impedido su puesta en marcha.

- Plan de Salud Mental. Con un plazo de ejecución entre los años 2001 y 2004, no ha cubierto las expectativas, como lamentan los especialistas en salud mental y la propia Administración. Un documento del director general para la Dependencia, Bartolomé Pérez reconocía abiertamente que la carencia de medios humanos "está generando, junto al visible incumplimiento del Plan Director de Salud Mental, importantes demoras en la atención a los enfermos psiquiátricos, así como un destacable deterioro de la calidad asistencial". Apenas se han contratado un centenar de los 409 nuevos profesionales comprometidos en el plan.

- Hospital Padre Jofré.

Después de acumular continuos retrasos, el consjero de Sanidad anunció en febrero que el centro sociosanitario estaría terminado en mayo. Las labores de equipamiento están retrasando su puesta en marcha que se prevé para el año 2005.

- Atención bucodental. El programa electoral del presidente de la Generalitat incluía la oferta de atención bucodental para personas mayores, un aspecto que Sanidad aún no ha puesto en marcha. La promesa de prestar este tipo de asistencia sanitaria a niños y discapacitados ya se incluyó en la campaña de las generales del 2000 por el entonces ministro de Sanidad, Manuel Romay.