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El Consell se resiste a reclamar los documentos del archivo de Salamanca

Partidos y entidades cívicas exigen su vuelta tras el informe favorable de los expertos

La Generalitat ya se pronunció hace cinco meses, por boca de su entonces consejero de Cultura, Esteban González Pons. El Consell no pedirá la devolución de los documentos valencianos, incautados entre 1938 y 1943 por las tropas de Franco, en tierras valencianas. Son unas 80 toneladas de documentos de entidades públicas y privadas republicanas. Los partidos de la oposición, PSPV, EUPV y la Comissió de la Dignitat reclaman ahora al Consell que cumpla con la resolución aprobada por las Cortes el pasado mayo y pida la vuelta a sus dueños legítimos.

Las Cortes aprobaron por unanimidad en mayo la devolución de los documentos

Varias organizaciones afectadas, partidos políticos y la propia Comissió de la Dignitat del País Valencià, creada ad hoc para pedir el retorno de los papeles de Salamanca, reclaman desde hace años la restitución de las 80 toneladas de documentos de entidades públicas y privadas republicanas incautados por las tropas franquistas en territorio valenciano entre los años 1938 y 1943.

Estos colectivos se felicitaban el pasado viernes por el dictamen del comité de expertos, presidido por Federico Mayor Zaragoza, al que el Ministerio de Cultura, titular del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, pidió consejo antes de resolver el conflicto que ha creado la petición de la Generalitat catalana para que el archivo le devuelva los documentos expoliados a finales de la Guerra Civil.

El PSPV y EUPV, los dos partidos de la oposición, se manifestaron, tras conocer la recomendación, a favor de que el Consell que preside el popular Francisco Camps solicite al archivo salmantino la restitución de los documentos valencianos. La portavoz adjunta socialista en las Cortes Valencianas Isabel Escudero recordó que esta petición es "de sentido común" y así lo ha venido reiterando su partido los últimos años, con independencia de quién gobierne en Madrid.

El diputado de EU-L'Entesa Ramon Cardona subrayó el viernes que existen muchos documentos en el archivo castellano que pertenecen a municipios y particulares valencianos y por ello deben devolverse a sus legítimos propietarios, sobre todo después de la recomendación de los expertos. "No podemos olvidar que el archivo de la Guerra Civil fue fruto del expolio que sufrieron ayuntamientos y particulares valencianos a los que se les requisó documentación utilizada muchas veces para los procesos y ejecuciones que se llevaron a cabo en el franquismo", subrayó Cardona. Este diputado exigió al Consell que reclame los documentos y cumpla con el mandamiento aprobado por unanimidad por las Cortes Valenciana el pasado 4 de mayo pidiendo la devolución de los archivos. La resolución se votó a propuesta de EU-L'Entesa.

Precisamente esta cuestión provocó, unos días después, desconcierto en el PP valenciano, sobre todo después que el ex ministro Jaime Mayor Oreja, de acuerdo con el presidente autonómico de Castilla y León, también del PP, defendiera que no se desgajara el archivo de Salamanca. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una conferencia ofrecida en Madrid poco después se vio obligado a enmendar a su propio grupo en las Cortes Valencianas cuando manifestó que si cada autonomía empezaba a "reivindicar una parte de su legado histórico ubicado en otras comunidades, España se quedará sin archivos ni museos".

El entonces consejero de Educación y Cultura y ahora portavoz del Consell, Esteban González Pons, despejó cualquier duda que pudiera quedar durante un encuentro celebrado en Valencia el pasado julio con el Gobierno de Castilla y León. González Pons garantizó a su homóloga castellanoleonesa, Silvia Clemente, que el Gobierno valenciano no no pediría los documentos valencianos del Archivo de Salamanca. "Si el Gobierno central [entonces ya del PSOE] optara por disgregar la unidad de este archivo, el Consell solicitará los documentos del Antiguo Reino de Valencia depositados en el Archivo de la Corona de Aragón, localizado en la ciudad de Barcelona", adelantó entonces González Pons.

"No hay ningún archivo creado durante los expolios de una guerra que justifique su existencia", dijo el diputado de EU-L'Entesa Ramon Cardona.

38 ayuntamientos reclaman sus documentos

La Comissió de la Dignitat del País Valencià y Acció Cultural, que forma parte de la plataforma, reunían hace poco en Valencia a los partidos políticos e instituciones en un acto a favor del retorno.

Durante el encuentro y a modo de balance se explicó que de momento existen unos 188 municipis valencianos que tienen documentación en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, de los que 38 ya han aprobado mociones reclamando su devolución. Mercé Teodoro, abogada de Acció Cultural, explica que desde la Comissió lo que están haciendo es "informar a los ayuntamientos para que tomen conciencia de que pueden solicitar la restitución de estos documentos". Según Teodoro, las tropas se fueron incautando de toda la documentación de diputaciones, ayuntamientos, entidades comarcales, cámaras de comercio, asociaciones, partidos políticos, sindicatos e incluso de logias masónicas. Los particulares también fueron expoliados, según la abogada. "Eran documentos privados que pertenecían a personas con cargos públicos en la República o que se habían significado política o sindicalmente", explicó.

En noviembre de 2002 la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià acordaba, en defensa del patrimonio cultural valenciano, instar a la Generalitat a pedir la devolución de toda la documentación pública y privada confiscada por el franquismo a finales de la Guerra Civil en tierras valencianas. Además proponían que se depositara una copia microfilmada en el Archivo del Reino de Valencia para facilitar la labor de los investigadores. Con esta solicitud, la Federació trataba de conjugar, según manifestaron entonces sus portavoces, el derecho jurídico a la propiedad con el de la investigación.

El historiador y ex rector de la Universitat de València Pedro Ruiz manifestó, después de que la comisión de expertos se haya pronunciado, que existen medios suficientes para que el Archivo de Salamanca conserve copias de todos los documentos. "Debe ser compatible la devolución de estos documentos a sus legítimos propietarios con la continuidad del archivo como elemento de la memoria histórica de aquella etapa de represión", agregó el académico.

Entre los ayuntamientos con documentos depositados en Salamanca se encuentran, según la lista elaborada por Acció Cultural, Alicante, Alaquàs, Albocàsser, Bellreguard, Benicarló, Benicàssim, Benissa, Bicorp, Bocairent, Burriana, Castellón, Cinctorres, Godella, Guardamar, Montesa, Oliva, Ontinyent, Sollana, Torreblanca, Valencia, Vilafamés, Vinaròs, Vila-real, Xàtiva, Xàbia y Chiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de diciembre de 2004

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