El juez ratifica la libertad para el hombre que se acercó a su mujer con una pistola

El titular del Juzgado número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, ratificó el martes por la noche su decisión de que Wilfredo Enrique R. C., el odontólogo que se coló en el coche de su esposa el pasado jueves armado con una pistola, permanezca en libertad. La fiscal del caso había solicitado su ingreso en prisión, ya que, tras revisar la instrucción, consideró que el acusado había cometido un delito de detención ilegal. El magistrado critica la actitud del fiscal al pedir esta nueva imputación, cuando no se habían producido novedades o pruebas periciales nuevas.

El juez explica en un auto de ocho folios que el odontólogo, pese a estar acusado de un delito grave como el maltrato familiar y la tenencia ilícita de armas, no supone una peligrosidad manifiesta para la sociedad y no se plantea que huya para evadir la acción de la justicia. García de Dios relata que el imputado carece de antecedentes penales y policiales, y tiene domicilio fijo y tres pequeñas clínicas abiertas en las provincias de Madrid y Toledo, además de "una clientela numerosa". "Parece razonable concluir que el episodio, en sí mismo reprobable, no puede ser calificado de peligroso en sentido técnico-jurídico", explica el auto.

El escrito también plantea sus dudas de que el acusado utilizara un trapo impregnado con cloroformo para intentar inmovilizar a su esposa, la médica Susana Arias, de 34 años. Según el magistrado, no ha sido hallado el citado trapo ni alguna botella con estas sustancias ni en el coche, ni en la víctima, ni en las inmediaciones de la calle de Cristóbal Bordiú (distrito de Chamberí), donde ocurrieron los hechos el pasado jueves. "El imputado explicó que la razón del uso de la peluca radicaba en que de ese modo evitaría inicialmente ser reconocido por la señora Arias y así podría acceder a hablar con ella, ya que, según el imputado, la mujer se negaba terminantemente a estar a solas con él", explica el juez en su escrito. "Si la señora Arias no quería soportar la presencia física del imputado, éste debería saber que tiene el deber ineludible de respetar la voluntad de la señora Arias de no querer estar con el imputado", añade.

Por estos antecedentes, el juez desestima la pretensión del fiscal de que el acusado ingresara en prisión: "No se acaba de entender en base a qué razones jurídicas el Ministerio Fiscal, sin haber variado dato alguno del 18 de diciembre [fecha en que Wilfredo Enrique R. C. pasó a disposición judicial] al 21 de este mes, ha interesado la prisión provisional, cuando el día 18 estuvo conforme con la libertad provisional del imputado y, además, no le imputó entonces delito alguno de detención ilegal".

Orden de alejamiento

De ahí, el juez mantiene las medidas de protección de la víctima: la prohibición de que el acusado se acerque al domicilio de Susana Arias a menos de 500 metros y a que mantenga conversaciones físicas o telefónicas con él. Ramiro García de Dios ordenó que se enviara un oficio a la comisaría de Moratalaz, distrito donde vive la víctima, para que fueran adoptadas "cuantas medidas sean necesarias" para garantizar la prohibición de acercamiento.

El abogado del acusado, Juan Carlos Porras, se mostró satisfecho con la decisión judicial ya que, en su opinión, se está haciendo "un linchamiento moral" a su cliente, cuando éste "no tenía la intención de hacer daño a Susana". "Mi cliente ha recibido amenazas de muerte como consecuencia de las mentiras, falsedades e informaciones sesgadas e interesadas que se han transmitido por personas muy concretas relacionadas con el caso", añadió.

El auto del magistrado cayó como un jarro de agua fría en el entorno de la víctima, que sigue atemorizada ante la posibilidad de que Wilfredo Enrique pueda hacer daño físico a Susana. "No logramos entender cómo se puede jugar con la vida de una persona y no se toman medidas ante un intento tan flagrante de homicidio", señalaron fuentes cercanas a Susana.

La víctima ha pedido ayuda a diversas instituciones de la región para que su caso tenga una rápida solución. Ayer por la tarde se reunió con el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, quien se comprometió a enviar sendos escritos al Juez Decano y al Fiscal Jefe de Madrid para que aclaren qué ha sucedido y si existen desavenencias entre ambas instituciones. El delegado también le anunció a Arias que aumentará la vigilancia policial en la zona en la que vive. Además, la policía la llamará dos o tres veces al día para ver cómo está.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, recibirán la próxima semana a Susana Arias y a su abogado en la sede del Gobierno regional.