El consenso se rompió de un día para otro por el momento político

"¿Qué sentido tiene continuar si no hay independencia ni libertad ni rigor", se preguntaba ayer un académico a la salida del pleno, cuya primera reacción era dimitir. "El sentido de intentar aprobar el dictamen, porque hay posibilidades", le contestó otro. Se refería al intento de volver a tratar en pleno el texto y a la "forma irregular" en que la presidenta de la Acadèmia decidió suprimir un punto del orden del día aprobado por la Junta de Govern.

Además, un dictamen con un contenido muy parecido, incluso no tan moderado como el que ayer se pretendía discutir, ya logró el visto bueno de los cuatro académicos que fueron facultados como ponentes en el pleno del 25 de junio. Acuerdo que "tenía el consenso absoluto y que se rompió por causas que no encuentran justificación", apuntó Josep Palomero, que reivindicó el espíritu de consenso que ha presidido las actuaciones de la Acadèmia. Un espíritu muy difícil de recomponer hoy en día.

Rafael Alemany hizo un sucinto repaso de los acontecimientos desde que el 19 de diciembre de 2003 la Acadèmia aprobara una declaración en la que decía que en el futuro trataría en profundidad la entidad del valenciano y apuntaba que el valenciano era el nombre tradicional sin menoscabo de otras denominaciones también tradicionales y legales. Alemany señaló que entonces dicha declaración no provocó ninguna polémica. A la sazón el Consell no dijo nada al respecto. "Nos negamos a que el señor Carod Rovira, Juanita la Reina ni, por supuesto, el señor Camps, nos marquen lo que tenemos que hacer", comentó Alemany, que incidió en que nadie pretende cambiar elnombre al valenciano. Durante las intervenciones se sucedieron los comentarios sobre las presiones ejercidas por el Gobierno valenciano. Incluso el consejero portavoz del Consell, Esteban González Pons, llegó a llamar telefónicamente a académicos la noche del martes.

Alemany se refirió a cómo los dos ponentes Àngel Calpe y Ramón Ferrer cambiaron de opinión sobre el dictamen de un día para otro, al igual que la presidenta de la Acadèmia. A título personal añadió que la Generalitat "pretende que la Acadèmia no saque un dictamen, no ya contrario a derecho, sino a su línea política".

Àngel Calpe indicó, por su parte, que su cambio de opinión se debió a que había pulsado reticencias entre académicos al dictamen. También acusó al grupo de 13 académicos de actuar de una manera "sectaria" y querer "castigar a la minoría valencianista". Rechazó haber recibido "ningún tipo de presión en ningún momento". "He mantenido contacto con mucha gente estos días", agregó, al tiempo que asumía la decisión de Figueres por "prudencia" y al no ser juristas.