La vicepresidenta y el ministro de Justicia discrepan sobre la puesta en libertad del imán

Discrepancias públicas en el Gobierno sobre una decisión judicial. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega censuró ayer la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona de dejar en libertad al imán de Fuengirola, Mohamed Kamal Mostafa, mientras que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que era una decisión "puramente judicial" y que el Ejecutivo "no debía pronunciarse" sobre el fallo, que ordena la libertad a condición de que el imán se someta a un programa formativo sobre la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Mohamed Kamal salió la noche del lunes de la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde ingresó el pasado 29 de noviembre, después de que el Juzgado de lo Penal número 12 de Barcelona ordenase su encarcelamiento para cumplir 15 meses por un delito de provocación y discriminación contra las mujeres al escribir el libro La mujer en el islam, en que se justifican los malos tratos y se dan instrucciones para infligirlos. Su abogado recurrió esa decisión y la Audiencia de Barcelona ordenó la libertad del imán al entender que había desaparecido su "peligrosidad social".

Fernández de la Vega consideró ayer un mal ejemplo la decisión judicial y afirmoó en Antena 3 que todo era "un absoluto disparate". "Desde luego, no contribuye a esa necesidad que tenemos todos de que, desde todos los poderes públicos, se adopten las medidas que el Estado de Derecho nos ofrece para acabar con esta lacra macabra", señaló en referencia al maltrato. La vicepresidenta del Gobierno dijo respetar y acatar la decisión de la Audiencia de Barcelona, pero añadió que las resoluciones judiciales "están sujetas a la crítica pública". De la Vega añadió: "No me parece una decisión que contribuya en estos momentos a reforzar la línea que la sociedad española ha adoptado, que es la de tolerancia cero en todo lo que signifique violencia contra las mujeres".

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó ayer que el Gobierno "no debe pronunciarse" sobre la decisión. En su opinión, resoluciones así no deberían suscitar alarma social, "puesto que hay un Código Penal capaz de perseguir este tipo de conductas". El caso, según el ministro, es una "reacción contundente de los poderes públicos" ante una conducta que "en muchos otros países se considera una libertad de opinar" y que en España es " inaceptable". Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, dijo que el imán debe recibir un castigo "mucho más contundente que un mero cursillo".

Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, calificó de "absolutamente normal y lógica" la decisión. "Lo anormal fue la decisión inicial que adoptó el juzgado" al ordenar el ingreso en prisión del imán, dijo, pues se daban todos los requisitos legales para la suspensión de la condena: había abonado la multa de 2.160 euros a que fue condenado, no tenía antecedentes penals, no había ningún otro proceso en marcha y la pena impuesta no superaba los dos años de prisión. Según Quintero, "jurídicamente el imán nunca fue tratado de modo desigual, pero estadísticamente sí", en alusión a que en el 99% de los casos como éste se suspende el cumplimiento de la pena.

Pero Juan José Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, dijo que "debe acabarse con el automatismo de que todas las penas cortas se deben suspender porque sí" y recordó que esa decisión siempre queda a criterio del juez.

El magistrado que redactó el auto de libertad, Josep Niubó, defendió ayer, en la Ser, la resolución. "No me queda duda de que la resolución es correcta. Que ésta haya sido interpretada de una manera que alguien pueda considerar inadecuada, es una opinión. Vaya, a mí hablar de disparate, no me parece adecuado", dijo el juez en referencia a las críticas de Fernández de la Vega.