El pasado oscuro de Rumania

Un documento de los archivos de la Securitate reveló recientemente una queja de un alto oficial de la siniestra policía política del antiguo dictador rumano Nicolae Ceausescu: que en Sibiu, una ciudad transilvana de 170.000 habitantes, existía un problema grave porque en tres bloques de apartamentos no había ningún informador. Marius Oprea y Stejarel Olaru, dos periodistas de investigación y colaboradores del Instituto Rumano de Historia Reciente, calculan que la Securitate contaba con unos 11.000 agentes y que cada uno debía tener un mínimo de 40 informadores, lo que elevaría a más de 400.000 el número de delatores.

Sin embargo, 15 años después del fusilamiento del dictador, a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania o en Hungría, este país no ha ajustado las cuentas con su pasado, pese a que el régimen de Ceausescu fue uno de los más represores de los que gobernaron Europa oriental hasta la caída del muro de Berlín. No se trata sólo de que muchos políticos que han ocupado el poder durante la transición, desde el ex presidente Iliescu hasta el ex primer ministro Adrian Nastase, que acaba de ser derrotado en las presidenciales, o incluso el líder de la ultraderecha Tudor, antiguo juglar en la corte del sátrapa carpático, ocupasen cargos durante los años de plomo, sino que todavía el 96% de los archivos de la policía política permanecen en secreto. Quizá con la llegada a la presidencia de Train Basescu, que como capitán de la marina mercante no formó parte de las esferas de poder durante el comunismo, las cosas empiecen a cambiar.

Se calcula que la antigua policía política tenía una red de 400.000 informadores

En un Estado donde prácticamente toda la población tuvo algún encontronazo con la policía política y con un alto porcentaje de antiguos informadores -400.000 personas son muchas en un país de 22 millones de habitantes-, el interés por el tema es, sin embargo, enorme. El último libro de Oprea, ¿Qué pasó con la Securitate después del 89?, vendió 2.000 ejemplares en tres días y el periodista ha aparecido en numerosos programas de televisión.

Alguna fibra sensible ha debido tocar porque es constantemente seguido por dos personas con cámaras de fotos. Oprea y Olaru, que fueron invitados a principios de mes a Berlín por la Comisión Glauk que investiga los archivos de la Stasi, están convencidos de que los antiguos miembros de la Securitate controlan ahora la economía y la política. Una certidumbre que comparten muchos intelectuales y ciudadanos.

Oprea estuvo encarcelado por la Securitate en 1988 por negarse a convertirse en un informador cuando era estudiante, y es uno de los investigadores que más ha trabajado este periodo, que muchos rumanos prefieren olvidar. "Los problemas del pasado que quedan sin solución tienen graves efectos en el presente y en el futuro", asegura.

"En España se produjo un consenso de no tocar el pasado por el espectro de la guerra civil", afirma el ex primer ministro Petre Roman, uno de los protagonistas de la transición a la democracia. "Aquí había un comunismo estalinista y sus dirigentes quisieron engancharse en el poder, y está claro que a través del partido del presidente Iliescu (el Partido Socialdemócrata, ex comunista) entraron en la política y en la economía", agrega. Durante la transición no se han producido juicios contra miembros de la Securitate y, como máximo, algún político se ha visto obligado a dimitir cuando salieron a la luz papeles demasiado comprometedores, como el parlamentario socialdemócrata Adrian Vilau, que tuvo que dejar su puesto de jefe de la Comisión del Congreso encargada del ingreso en la OTAN.

"Ha habido una amnistía implícita, que se hizo casi oficial en 2000", asegura el profesor Daniel Barbu, en su despacho del Instituto de Investigaciones Políticas de Bucarest. "Los seis primeros años tras la caída de Ceausescu la vida política se organizó entre anticomunistas y comunistas. Luego esta distinción desapareció hasta que en 2000 los líderes de los dos principales bloques, Adrian Nastase y Valeriu Stoica, declararon que el pasado no importaba, que no tenía valor político y que debíamos entrar en otro milenio".

Sin embargo, pese al silencio, el pasado emerge de vez en cuando. Existe un órgano independiente, la Comisión Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate (CNSAS), en el que trabajan unas 500 personas, encargado de lidiar con los documentos que no están en sus manos sino en las de los actuales servicios secretos rumanos. Muchos fueron destruidos durante la caída del dictador.

A esta comisión puede dirigirse cualquier rumano para pedir su expediente, aunque los resultados pueden ser sorprendentes: a Oprea, pese a haber estado detenido, le dijeron que no estaba fichado. Antes de la primera vuelta de las elecciones, el pasado mes de noviembre, el CNSAS investigó las listas y sólo señaló como antiguos colaboradores a 10 políticos sobre un total de 2.621 candidatos (ninguno en el partido ex comunista en el poder). A veces, los papeles aparecen donde menos se les espera. En la última semana de la campaña electoral de noviembre fue imposible encontrar el semanario satírico Academia Catavencu en Bucarest porque alguien compró casi toda la tirada. Su exclusiva era la publicación de homenajes a Ceausescu escritos en los setenta y ochenta por el primer ministro Adrian Nastase.