El complejo sistema burocrático y su indefinición dificultan el acceso del colectivo a la red asistencial

Actualmente, los extranjeros clandestinos con escasos recursos económicos pueden acceder a la red asistencial con dos tipos de tarjetas: la concedida a los inmigrantes empadronados, y la que se entrega a los extranjeros sin censar [conocida como tarjeta solidaria]. Ramón Castejón, profesor asociado de la Universidad Miguel Hernández, calificó de "arbitrario" el sistema implantado por Sanidad para garantizar el derecho constitucional de los extranjeros irregulares a la sanidad pública. Inicialmente, la Generalitat Valenciana abrió la vía sanitaria a los extranjeros indocumentados mediante un decreto basado en el concepto de insuficiencia económica. Es decir, al igual que la población nacional con escasos recursos, los inmigrantes empadronados con dificultades económicas tendrían garantizada la prestación asistencial y la financiación de los medicamentos. Sin embargo, el baremo establecido por Sanidad para que los sin papeles pudieran acceder a la cobertura sanitaria es tan "restrictivo" que muchos solicitantes quedan excluídos del sistema, dejando sin cobertura sanitaria a la mayoría. "Se trata de una medida contradictoria. Por un lado, se establecen mecanismos para su normalización; y, por otro, se dificulta enormemente su acceso al sistema sanitario público", señala. Para el experto, esta iniciativa, puesta en marcha bajo el Gobierno de Zaplana, "consiguió la repercusión mediática" pero "no ha conseguido integrar a este colectivo". El responsable de Sanidad de CC OO, Salvador Roig, opinó que ésta es "una más de las numerosas propuestas vendidas por el PP que han quedado en mero anuncio".

Castejón abundó en el cariz "aleatorio" del procedimiento de asistencia a extranjeros. En tanto que trabajadores de la economía clandestina, acreditan unos ingresos difícilmente comprobables. De la misma manera, añade, la medida acarrea un agravio comparativo con respecto a los españoles. El sistema actual alienta situaciones de fraude, advierte. "La medida es errónea no sólo para el extranjero sino que alienta la xenofobia". "Se refuerza la idea errónea de que el inmigrante recibe más de lo que da". Carlos Gómez critica, por su parte, que la indefinición administrativa genera "situaciones de auténtico caos". La complejidad del proceso burocrático afecta a los trabajadores sociales que han denunciado las múltiples contradicciones de la normativa.