El Parlament aprueba el presupuesto de 2005 sin ninguna de las más de 1.000 enmiendas de CiU y PP

El Parlament aprobó ayer, con los votos a favor del PSC, ERC e ICV-EUiA los presupuestos de la Generalitat para 2005 sin aceptar ninguna de las 244 enmiendas presentadas por los grupos de CiU y PPC. A pesar de que ambas formaciones habían presentado más de 1.000 enmiendas al proyecto de ley, mantenían hasta el pleno de ayer 244 enmiendas vivas a 10 bloques del presupuesto, 137 de ellas correspondientes a CiU y 107 del PPC, pero ninguna de ellas prosperó por la oposición de los tres partidos que sustentan al Gobierno catalán.

Las cuentas públicas de la Generalitat prevén un gasto consolidado de 26.500 millones de euros, con un crecimiento del 17,9% en relación con el presupuesto anterior, y prevén elevar el 65% la inversión, hasta alcanzar casi los 4.500 millones.

Precisamente, al iniciar el debate, los grupos de CiU y PPC denunciaron la "falta de diálogo" del PSC, ERC e ICV-EUiA en la tramitación de los presupuestos de 2005, mientras que estos grupos acusaron a la oposición de mantener una actitud "ridícula" y reprocharon, especialmente a CiU, que en su etapa de gobierno tampoco aceptó enmiendas de la oposición.

Por la tarde, y tras un paréntesis por la sesión de control al presidente de la Generalitat y al Consell Executiu, el Parlament aprobó con los votos a favor de los tres partidos que forman el Gobierno catalán y el rechazo de la oposición la Ley de Medidas Fiscales para 2005, popularmente conocida como ley de acompañamiento, que establece, entre otras medidas, una modificación del canon del agua e introduce 18 nuevas tasas administrativas.

Durante el debate, el consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, reiteró que las nuevas figuras tributarias tendrán una "escasa incidencia en la presión fiscal", puesto que 17 de las 18 supondrán una recaudación de sólo 400.000 euros.

En relación con el canon del agua y el tramo de usos industriales, PSC, ERC e ICV-EUiA impulsaron una enmienda que plantea fijar, en tres meses y en concertación con los sectores más afectados, unos estándares de uso racional, para que las empresas que utilicen el agua de forma eficiente se vean beneficiadas con la aplicación de coeficientes reducciones. El texto también prevé que la aplicación del nuevo canon para uso doméstico se demorará cuatro meses, hasta que se haya actualizado el número de personas que forman los hogares.