El valor del reconocimiento

Todo el mundo sabe que la Unión Europea podría funcionar con una, dos o a lo más tres lenguas (inglés, francés y alemán, por este orden); sin embargo, lo cierto es que nuestras instituciones comunes europeas, a la espera de lo que resulte del memorándum del Gobierno español sobre el catalán / valenciano, el gallego y el euskera, reconocen nada menos que veinte lenguas oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué la Unión Europea ha optado por mantener su plurilingüismo originario, dando cabida a una pléyade de lenguas particulares, en lugar de limitarse a un par de lenguas de gran difusión, como hace por cierto el Consejo de Europa, que sólo reconoce como oficiales el francés y el inglés? El caso más extremo de lo aparentemente absurdo del plurilingüismo europeo nos lo ofrece el maltés. El maltés no es sólo una lengua de muy poca entidad, que apenas hablan 400.000 personas, absolutamente inútil para los negocios internacionales: lo grave del caso es que en Malta, además del maltés, también es oficial el inglés, una lengua que todos los malteses conocen bien y con la cual podrían manejarse muy cómodamente en Bruselas.

Lo que el ejemplo europeo pone de manifiesto es que, diga lo que diga Juan R. Lodares en su artículo El precio de las gramáticas (EL PAÍS, 7-12-2004), hay valores superiores a la facilidad de comunicación, y que esos valores orientan la política lingüística de la Unión. Es evidente que los eurodiputados malteses podrían hablar en inglés en el Parlamento Europeo y entenderse en esa lengua con la mayoría de sus colegas, pero también es evidente que los eurodiputados malteses prefieren expresarse en maltés, y las instituciones de la Unión creen firmemente que atender esa preferencia, en lugar de desdeñarla, no sólo es un imperativo democrático sino que es una buena manera de fomentar el sentimiento europeo de los malteses.

Vayamos ahora a España. Nadie discute que en España podemos entendernos y nos entendemos con suma facilidad en castellano, una lengua que, en parte gracias a imposiciones históricas y a imperativos constitucionales, conocemos todos los españoles; otra cosa es saber si debemos entendernos siempre en esa lengua, con la consiguiente omisión de otras lenguas españolas que, para una parte de los españoles, pueden ser tan importantes como lo es el maltés para los malteses. En España tampoco discute nadie el hecho palmario de que el castellano convive con las demás lenguas españolas en las llamadas "comunidades bilingües", ni que en algunas de ellas el castellano supera demográficamente a las lenguas "propias" de esas comunidades. En este punto, sólo cabría agradecer que cuando se habla del tema se trataran los datos estadísticos con mayor esmero; incluso un lingüista tan serio como Juan R. Lodares flojea en el artículo antes citado: en primer lugar, en el estudio del CIS que menciona, elaborado en 1999, no hay ninguna pregunta sobre la lengua en que la gente "se expresa principalmente", y sí una donde se les plantea a los entrevistados si se consideran a sí mismos más bien castellano-parlantes o hablantes de la lengua de la comunidad respectiva (por tanto, una cuestión de identificación y no de uso); en segundo lugar, para el caso de Cataluña Lodares omite datos mucho más recientes (de 2003), que ponen de manifiesto que en Cataluña el 50,1% considera que su lengua habitual (ahora sí) es el catalán frente al 44,1% del castellano. En cualquier caso, reconocer la importante presencia del castellano en las llamadas "comunidades bilingües", e incluso valorar positivamente esta presencia, no es óbice para que las lenguas "propias" de esas comunidades reciban un mayor reconocimiento por parte de las instituciones centrales del Estado, del mismo modo que reconocer la fuerte implantación del inglés en Malta no impide que las instituciones europeas acojan en su seno la lengua propia de los malteses. La previsible objeción de que Malta es un Estado soberano mientras que las "comunidades bilingües" no lo son merece poco crédito, salvo que se quiera llegar a la excesiva conclusión de que tener un Estado propio es una condición sine qua non para ver reconocida la propia lengua. El quid de la cuestión es que saber bien una lengua, aunque sea tan grandiosa como el castellano o el inglés, no excluye que algunos prefiramos ser reconocidos como hablantes de otras lenguas mucho más pequeñas.

Ciertamente, las demandas de plurilingüismo que se plantean actualmente en España van contra la historia en el sentido de que España se ha construido durante siglos negando su diversidad lingüística interna. En el caso de Cataluña, la persecución del catalán por parte del Estado, especialmente durante las dos dictaduras militares del siglo XX, está tan bien documentada que ni siquiera Juan R. Lodares puede negarla en sus libros (a lo sumo puede matizarla recordando la participación directa o al menos la aquiescencia de muchos catalanes en esa persecución, algo que por cierto no es ningún alivio para quienes la padecieron ni minimiza sus consecuencias). Sin embargo, las demandas de plurilingüismo tienen la historia a favor porque los tiempos apuntan claramente a un mayor reconocimiento de todas las lenguas existentes, reconocimiento que no presupone su uso por parte de las instituciones centrales de los Estados en que se hablan, pero que de ningún modo lo excluye. En España, quien proclama su voluntad de proteger a todos los pueblos de España en el ejercicio de sus lenguas no son esos ideólogos "afines al nacionalismo o independentistas" que tanto preocupan a Lodares, sino nada menos que la nación española, en el preámbulo de ese punto de encuentro formidable que fue la Constitución de 1978. En Europa, quien dice que la protección y la promoción de las lenguas regionales o minoritarias en las diferentes regiones y países de Europa representan una contribución importante a la construcción de Europa basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural no son tampoco ideólogos nacionalistas o independentistas, sino los Estados miembros del Consejo de Europa, en el preámbulo de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, ratificada en su día por España. Los ideólogos nacionalistas o independentistas, en fin, tampoco son los autores del tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que los españoles aprobarán previsiblemente el 20 de febrero, en el que la Unión Europea manifiesta su objetivo de respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y de velar no sólo por la conservación, sino también por el desarrollo del patrimonio cultural europeo.

Dice Lodares en el artículo antes citado que lingüísticamente hablando España no es como Bélgica ni como Suiza, que no disponen de una lengua conocida por todos los ciudadanos. Concedido. Añade luego que lingüísticamente hablando España es como Alemania o Francia. Ahí se ponen de manifiesto las limitaciones de Lodares en el campo de la política comparada. Lingüísticamente hablando, una gran diferencia entre Alemania o Francia y España es que en España la Constitución anuncia la oficialidad de las "demás lenguas españolas" en sus respectivas comunidades autónomas, algo que no sucede con las "demás lenguas francesas" ni con las "demás lenguas alemanas". Otra diferencia importante es que en España, y no en Alemania ni en Francia, se han planteado demandas de plurilingüismo en las instituciones centrales del Estado. Ante tales demandas, el talante decide: una posibilidad es el estricto desdén, que se puede completar con un cierto menosprecio hacia unas lenguas tildadas de "particulares" o "redundantes"; la otra posibilidad, acaso más democrática, es aceptar las demandas como legítimas, debatir sobre ellas y llegar a acuerdos razonables. El reto que se le plantea a Zapatero y a los que sustentan su Gobierno es justamente éste: definir un nuevo régimen lingüístico para España, que sea capaz de conciliar la presencia de las demás lenguas españolas en las instituciones centrales del Estado con el secular protagonismo de la lengua castellana.

Albert Branchadell es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de Organización por el Multilingüismo.