Guerra subterránea en la minería del carbón

En las galerías de la minas han chocado dos trenes. Los planes del Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto, que apuestan por reducir la quema de carbón para producir electricidad a favor del gas natural, menos contaminante, han topado con la oposición abierta de un frente de empresas, encabezado por Endesa, la compañía eléctrica más grande del sector y la mayor consumidora de carbón.

El Gobierno está convencido de que Endesa, apoyada por otras eléctricas (Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), también dependientes del carbón, está encendiendo los ánimos de los sindicatos mineros, justo cuando el Ejecutivo negocia en Bruselas un nuevo Plan del Carbón para más allá de 2006 y cuando trata de evitar problemas por las ayudas que el anterior Gobierno del PP concedió a las empresas mineras a partir de 2003 (alrededor de 600 millones de euros) pese a que habían cambiado los reglamentos comunitarios.

Están en juego 11.430 empleos, la mitad en Asturias, y 47 empresas del sector minero

Endesa admite en sus cálculos que seguir quemando carbón será rentable

Están en juego 11.430 empleos (la mitad de ellos en Asturias), y 47 empresas del sector minero. Por ello, los nervios están a flor de piel. El enfrentamiento es duro y la chispa que ha contribuido a encender los ánimos ha sido el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, que determina cuánto pueden contaminar en el periodo 2005-2007, sin penalizaciones económicas, cerca de mil instalaciones industriales del país, incluidas las centrales eléctricas de carbón.

Tan duro es el enfrentamiento que el secretario general de la Energía ha llegado a emplazar públicamente a Endesa a que haga públicos los documentos que hizo llegar en su día al Ministerio de Industria respecto a los efectos del Plan de Asignaciones de Kioto. Esos documentos demuestran, en opinión del departamento que dirige José Montilla, que Endesa maneja un doble discurso. Catastrófico y duro cuando habla con los sindicatos, pero realista e incluso optimista cuando valora en documentos internos las consecuencias de aplicar los planes gubernamentales.

Porque esos papeles internos de Endesa (la empresa eléctrica asegura que han sido elaboradas por el Grupo de los Cuatro, Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), que obran en poder de Industria, demuestran que la compañía que preside Manuel Pizarro, aunque tenga que comprar derechos de emisión en sus centrales de carbón, seguirá ganando un buen dinero. Y ello por dos razones, porque esas centrales térmicas de carbón están ya amortizadas y porque el carbón es y seguirá siendo un combustible mucho más barato que el gas natural, por el que han apostado todos los Gobiernos desde hace años para asegurar el suministro energético.

El documento del grupo de empresas que encabeza Endesa, enviado a Industria en septiembre (antes de que se aprobara la asignación final de emisiones, 88 millones de toneladas anuales para el sector eléctrico), recoge que "la generación con carbón mantendrá su posición como tecnología de generación térmica en base, al ser más competitiva que los ciclos combinados [que utilizan gas]". "Basándose en la experiencia histórica", prosigue, "se puede afirmar que la generación [eléctrica] con carbón, incluyendo el coste de los derechos [que tendrían que comprar las centrales si superan los límites de emisión previstos por el Gobierno] será de media un 21% más barata que la producción de electricidad en una central de ciclo combinado". Según el documento, "la generación con carbón tendrá una ventaja en costes frente al gas del 24% durante todo el periodo (2005-2007)".

En esa guerra de comunicados, interpelaciones públicas, documentos explicativos e incluso amenazas (Endesa ha anunciado que puede llegar a impugnar ante los tribunales el Plan de Asignación de Emisiones), la inquietud ha prendido entre los sindicatos mineros y, por extensión, en aquellas zonas del país que dependen de la minería. Los sindicatos UGT y CC OO, que han llegado a calificar al Plan Nacional de Asignación de Emisiones de "tumba" para la minería, han advertido de que habrá movilizaciones sociales de calado en caso de que los planes para cumplir con Kioto afecten al sector minero. En un contexto de inquietud en otros sectores de actividad, como los astilleros, lo último que desea el Gobierno es abrir un enfrentamiento con los mineros.

Endesa, que rechaza de plano que esté agitando las aguas de la inquietud en el sector para mejorar sus posiciones empresariales, considera lógico que la compañía haya mantenido contactos con las organizaciones sindicales. "Es de sentido común", asegura un portavoz de la compañía, "que los sindicatos manifiesten su inquietud por el futuro de sus puestos de trabajo a la empresa, pero hablar de un problema no es sublevar a nadie".

Tras el debate entre Endesa e Industria aparece también una guerra empresarial que en los últimos meses ha hecho correr ríos de tinta. La pugna enfrenta desde hace meses a las empresas eléctricas con un parque de centrales más antiguo (Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo), que consumen carbón, con Iberdrola y Gas Natural, empresas que han invertido en centrales de gas, el combustible por el que apuesta el Ejecutivo.

Sencillamente, Endesa y las empresas que consumen carbón consideran injusto que sus centrales térmicas tengan menos derechos de emisión gratuitos que las centrales, más modernas y menos contaminantes, sus competidores.

El Plan Nacional de Asignación prevé que, ya en 2006, la producción eléctrica de las centrales limpias, de gas, supere a la de carbón (61.499 gigawatios por hora frente a 52.697 gigawatios por hora). Las emisiones previstas de centrales de carbón disminuyen de 55,4 millones de toneladas en 2005 a 43,6 en 2007. Si emiten más, tendrán que comprar derechos.

El ministro de Industria, José Montilla, terció en la guerra el pasado miércoles y aseguró en el Congreso que "el PNA no establece ninguna relación directa con el consumo de carbón nacional, y por lo tanto, no afectará a la producción".