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Sequía legislativa en el Parlamento catalán

EL GOBIERNO CATALÁN no se ha prodigado legislativamente durante este primero año. La parálisis que ha afectado al Parlamento autonómico no tiene parangón en las legislaturas procedentes, hasta el punto de que la oposición de Convergència i Unió y el Partido Popular han presentado conjuntamente mayor número de proyectos de ley que el propio Ejecutivo de izquierdas. En concreto, la Cámara catalana ha sacado adelante en lo que va de legislatura diez medidas legislativas: dos de ellas son de obligado cumplimiento (Ley de Presupuestos de 2004 y Ley de Acompañamiento); cuatro, de nueva redacción, y otras tantas, modificaciones de anteriores leyes. En cambio, los diputados han debatido media docena de proyectos de ley redactados por el PP y otros 15 por CiU.

La sequía se hizo más patente en cuanto los plenos parlamentarios pasaron a ser de periodicidad quincenal a semanal, por lo que la mayoría de debates se refieren a mociones o interpelaciones de los diputados de la oposición.

Consciente de que su placidez legislativa empezaba a calar entre la ciudadanía, el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación, que dirige el ecosocialista Joan Saura, redactó en verano un documento que pretendía acelerar la tramitación de leyes. En el informe, el Gobierno se comprometía a presentar en el Parlament, antes de finales de año, un paquete que incluía nada menos que 35 leyes.

Cinco meses después, aquella promesa ha quedado en apenas nada. Los 35 proyectos se han reducido a cinco. La semana pasada se aprobaron tres (horarios comerciales, agencia catalana de consumo y modificaciones urbanísticas) y la próxima se dará luz verde a los presupuestos de 2005 y a la ley de medidas fiscales y administrativas. El Gobierno pretendía aprobar la ley del conseller en cap (primer consejero) y la modificación del Código de Familia para permitir la adopción por parte de parejas homosexuales, pero CiU requirió un informe previo de constitucionalidad, por lo que no llegarán a la Cámara hasta febrero.

En cambio, los trabajos de la ponencia parlamentaria que elabora el nuevo estatuto marchan viento en popa. Los diputados se reunirán a partir de ahora dos veces por semana, incluso en enero, para tener listo el primer borrador estatutario en primavera.

En el otro lado de la balanza figura la acción gubernamental, con la política social como prioridad. Los presupuestos para 2005 incrementan la inversión un 13,5%, hasta dedicar 17 de cada 100 euros. Entre las medidas de más calado aparecen la contratación de 2.110 nuevos mossos d'esquadra y 3.680 profesores, un plan de choque para la mejora de los barrios más degradados y un plan de vivienda de 256,5 millones para la promoción y fomento del alquiler y rehabilitación. Educación y universidades también crece un 10,2%, hasta los 4.133 millones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de diciembre de 2004