Insurgencia contra la opresión urbanística

La mayoría de los alcaldes se pirran por el crecimiento de sus municipios. Ensueñan doblar o triplicar la población antes de que se les acabe el mandato, recalificar suelo rústico hasta la linde de su témino, amparar algunos rascacielos y, últimamente, por imperativos turísticos, uno o varios campos de golf con las consiguientes macrocolonias de lujo adosadas. Es una actitud común en ediles de derecha e izquierda con mando en plaza. Alegan o pretextan que no tienen otro remedio, que se debe a la presión del mercado de la vivienda y al imperio de la especulación, pero les cae la baba cuando glosan los aumentos del censo que se producirán a la par con el desmadre de los presupuestos y el tránsito de modesto pueblo a gran poblacha. Crecer o morir, tal es la consigna.

No viene al caso citar ejemplos. Desde Xirivella a Benejúzar o Torrevieja podríamos anotar docenas de poblaciones a lo largo del país que, al margen de su toponimia, y a veces ni eso, no conservan, por desfigurados, un solo rasgo de su identidad. Es el progreso imparable. Una fatalidad, una especie de metástasis urbanística y megalomaníaca que se traduce en proyectos de viviendas por miles ante la perspectiva de una explosión demográfica que en algunos datos ciertos debe fundarse. O acaso sea tan sólo la inercia del auge inmobiliario que aguanta burbujeante y boyante en gracia a uno de esos "fraudes inocentes" de los que escribe el senecto J. K. Galbraith, y al aludido entusiasmo de los alcaldes, que ignoro por qué razón suelen gozar, en general, de buena prensa.

Pero es obvio -o lo es para algunos, entre quienes me cuento- que no tiene nada de espontáneo este proceso que está revolucionando con vastos golpes especulativos la fisonomía del paisaje urbano y rural valenciano. Aquí ya están prácticamente repartidos los grandes bocados inmobiliarios. Queda en el aire, en penoso contraste, la capacidad previsora o prospectiva de nuestros políticos acerca de la comunidad que estamos o se está cociendo. Me refiero a si han evaluado qué nos va a costar en términos de calidad de vida este salto al futuro imperfecto e indefinido que se prefigura habitado por una clase residente ociosa y crepuscular, seguramente salpicada de mafias. Apostaría un brazo a que la capacidad previsora, digo de los políticos, no llega a tanto, pues de llegar, habría que pensar que son cómplices.

Es evidente que al campo no se le pueden poner puertas y que estamos abocados a encajar esa explosión golfista y urbanizadora que se nos viene encima. Tanto más cuando el sector industrial está haciendo aguas y ni éste ni otros gobiernos autonómicos que le precedieron apostaron con decisión por la sociedad del conocimiento, la sociedad innovadora del milenio. Lo que realmente nos priva todavía es el trapicheo, el comercio, la pirotecnia, el fenicio y mediterráneo que llevamos en el tuétano. Sería prodigioso que el consejero del ramo, Justo Nieto, consiguiera sesgar esta querencia atávica y nos despertase a la investigación y la ciencia, que es presuntamente lo suyo.

Pero, por fortuna, no todos parece que lo hayan entendido como lo relatamos y empiezan a aflorar municipios y agrupaciones vecinales que cuestionan el modelo económico que se cultiva. Eso, además de denunciar las ilegalidades que se cometen en la esfera urbanística. Son vecinos y entidades ecologistas -de La Marina Alta, La Safor, La Vega Baja- que se niegan a diluirse o ser absorbidas en este maná urbanístico que se les promete, y con el que a menudo se les apremia. Son insurgentes contra esa nefasta obstinación que pretende -y a punto está de conseguirlo- convertir todo terreno, cultivado o baldío, en solar o césped.

El consejero de Territorio, Rafael Blasco, habrá de esmerarse en la explicación de sus proyectos para limar justas susceptibilidades. Que prosperen los campos de golf, la práctica y afición por este deporte es legítimo y rentable, si hay agua y espacio adecuados para ello. Lo que ya cunde, y ha de acentuarse, es la resistencia cívica frente al golfismo inmobiliario, no pocas veces alentado por las mismas corporaciones locales, tan susceptibles en lo relativo a sus mermadas atribuciones. ¡Para el uso que han hecho!