El PP lleva a la Fiscalía el caso de la guardería de Vélez-Málaga

Siete concejales del PP de Vélez-Málaga han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Málaga el decreto de alcaldía en el que se narran los hechos por los que la responsable de la guardería municipal ha sido apartada de sus funciones. Consideran que del texto se desprenden numerosas negligencias en cuidado y atención de los menores, e incluso se afirma la presunta comisión de un delito de malos tratos contra los niños.

En la hoja número cinco de un decreto municipal del 10 de octubre se afirma que en la guardería "se obliga a comer a los menores que llegan incluso hasta el vómito, y en algunas ocasiones se ha obligado a alguno a comer su propio vómito". Los concejales populares de Vélez-Málaga han utilizado éstas declaraciones de las empleadas de la guardería para pedir a la Fiscalía que investigue la gestión de su antigua coordinadora, Florentina B.N.

En su denuncia, los ediles demandan que se tome declaración a la mujer, que defiende su inocencia "tras haber trabajado 19 años sin ningún tipo de incidente", y que se solicite al alcalde de la localidad Antonio Souvirón (PSOE) una copia compulsada con todos los documentos e informes que llevaron al equipo de gobierno a suspender cautelarmente a Florentina.

La vicesecretaria regional de Política Social del PP, María Victoria Romero, anunció ayer que pedirán a la consejera de Educación de la Junta, Cándida Martínez, que determine responsabilidades, y que explique cúando se han hecho inspecciones a dicho centro. Este partido preguntará a la Dirección General del Menor por las medidas que tomará en el caso.

El PSOE veleño acusó al PP a través de un comunicado de una "total falta de escrúpulos" al dar a conocer el contenido del decreto de contenido interno ya que es "un asunto delicado en el que están involucrados menores".

"El tema se está utilizando políticamente con la intención de provocar el máximo escándalo posible", reza un texto que considera "inaceptable y de una bajeza política inaudita" que los populares intenten hacer ver que el Ayuntamiento no ha actuado correctamente en este asunto.

Critican además que no se tenga en cuenta "el irreparable daño" que pueden hacer en caso de que las acusaciones sean falsas. En el informe, las trabajadoras declaraban que el centro no ofrecía las comidas que anunciaban el tablón, que los escolares estaban obligados a llevar dos baberos que la encargada vendía a los padres por 10 euros la unidad o que que no les facilitaba los números de teléfono de los padres, entre otras irregularidades.