Educación acepta la petición de los rectores de revisar la financiación universitaria

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, aceptó ayer la petición "prioritaria" lanzada por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) de alcanzar "un pacto por la financiación del sistema educativo y científico", consensuado entre el Gobierno central, las autonomías y las universidades, a lo largo de 2005. En la reunión del Consejo de Coordinación Universitaria, San Segundo anunció las principales propuestas de su reforma de la Universidad ante los rectores, avanzadas el miércoles por este periódico, y se comprometió a que "la financiación tenga un papel estratégico".

San Segundo recogió el guante lanzado por el presidente de la CRUE, el rector Juan Vázquez, quien había reclamado la necesidad de "darle toda la importancia y prioridad que tiene para el futuro a la Comisión de Financiación constituida el 1 de diciembre en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria", con el objetivo de abordar las reformas de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y los "costes" de la reforma de la estructura de los planes de estudio para adaptarlos al espacio europeo de educación superior, y dotar con ello al sistema de "estabilidad".

La ministra no sólo aceptó el envite sino que afirmó ayer en Valencia que su Gobierno está "comprometido" en otorgar "un papel central a la financiación universitaria", de manera que, incluso, planteó que "las conclusiones que la Comisión de Financiación lleve a cabo se incorporen a la agenda de las negociaciones del Gobierno con las comunidades autónomas, por ejemplo, en el marco de la [recién constituida] Conferencia de Presidentes Autonómicas", a la manera del "pacto por la Sanidad alcanzado". Los otros dos aspectos debatidos entre rectores y el ministerio son la reforma de la LOU y la situación de los investigadores:

- Reforma de la LOU. Otra prioridad para la CRUE es la modificación del la LOU para cambiar aspectos como el sistema de habilitación para los candidatos profesores funcionarios. El ministerio eliminará este requisito y sólo exigirá una "acreditación" mediante un procedimiento que garantice la selección en base a "criterios objetivos y transparentes". Las comisiones de acreditación estarán formadas por "catedráticos con tres sexenios, elegidos por sorteo", según dijo San Segundo.

El ministerio fijará los criterios, pero "deberán de ser aprobados por el Consejo de Coordinación". Asimismo, San Segundo anunció la ampliación del periodo transitorio de contratación de los profesores asociados hasta 2008. En paralelo, el consejo proseguirá con la reforma de los planes de estudio adaptados al espacio europeo de educación superior, de manera que el Catálofo Oficial de Títulos de Grado (que sustituirán a las licenciaturas y diplomaturas) esté listo el 1 de mayo.

Sobre la reforma del sistema de elección del rector, San Segundo manifestó que "cuestiones concretas como la utilización del método de sufragio universal o de claustro, o la duración del mandato pueden ser decididas por las propias universidades". La ministra añadió que "la ley debe garantizar la participación de toda la comunidad universitaria y puede incluso preservar el peso natural del 51% de los funcionarios docentes doctores, pero. Sobre esta cuestión, los máximos representantes universitarios manifestaron estar sobre todo preocupados e "inquietos" por las cuestiones de esta reforma que afectan a "centros y profesores".

- Investigación. Otra preocupación manifestada por los rectores es "la definición de una carrera investigadora", tanto por la vía funcionarial, como por la contractual. Los rectores plantearon la urgencia de resolver "el futuro de los [investigadores] del programa Ramón y Cajal, como el estatus precario de los becarios". En ese sentido, la ministra secundó ayer la propuesta del secretario de Estado de Política Científica, Salvador Barberá, de lanzar "en las dos primeras semanas de enero" una "convocatoria consensuada con las universidades y organismos públicos de investigación, para la contratación de este perfil de investigadores", en el que entran también los investigadores en programas postdoctorales avanzados, con cuatro años de investigación acreditable. Una situación en la que se encuentran, según estimaciones de las comunidades y universidades, unos 900 investigadores.

La ministra aseguró que para ello se "contará con un presupuesto importante", que no cuantificó, que saldrá del Capítulo VII Fondo Nacional para la I+D+i, que gestionala Dirección General de Política Científica.