Viaje a ninguna parte

Causa asombro que después de años de enfrentamientos y océanos de tinta, el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, y el obispo de Córdoba, bajo la atenta y notarial presencia del presidente de la Caja, señor Castillejo, hayan alcanzado un acuerdo por el que devuelven Cajasur a Andalucía.

Pero el asombro se convierte en tomadura de pelo cuando conocemos el contenido del acuerdo: devolver Cajasur a Andalucía sólo podía significar que esta entidad entraría a formar parte del resto de entidades que están reguladas por la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía y que establece de qué manera los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad ejercen su control sobre estas entidades. Este propósito, lógico y legítimo, se tuvo en cuenta en la Ley de Cajas de Andalucía de 1999, ante la cual el Gobierno de la nación (del PP), promovió una ley sólo y exclusivamente para esta entidad, un estrambote jurídico para secuestrar Cajasur de Andalucía.

Ahora, cinco años después y con lo que ha llovido, el Gobierno de Andalucía, promueve una ley sólo y exclusivamente para dejar a Cajasur fuera del ordenamiento jurídico andaluz, y sobre todo fuera de la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas, a las que solo les quedará el papel de meras comparsas, figuras decorativas, en los órganos de gobierno de la entidad diseñados en este acuerdo.

Veamos el contenido del acuerdo y comparemos la distribución de representación con la vigente Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía [consultar gráfico].

Como vemos, se altera de forma grosera la representación de los fundadores a costa de todos, pero sobre todo de los empleados (que pierden las dos terceras partes de su representación) y del grupo de "otros" (formados por patronal, sindicatos, asociaciones de consumidores, economía social, asociaciones de vecinos, padres de alumnos, etcétera), que son excluidos de los órganos de gobierno de Cajasur a pesar de tener derecho a representación.

Pero esto no es todo. La representación del Cabildo no estará sujeta a duración de mandato, y se reserva el privilegio del nombramiento del presidente, ejecutivo naturalmente. Además, frente a la Ley de Andalucía, que fija la edad de jubilación de los miembros de los órganos a los 70 años, este acuerdo la eleva a los 75. En definitiva, esto quiere decir que el Cabildo podrá seguir nombrando de manera vitalicia al presidente ejecutivo de la entidad, y se asegura una cómoda mayoría fáctica en los órganos de gobierno.

Con este acuerdo habrá que felicitar al señor Castillejo y al Cabildo, puesto que han obtenido todo lo que siempre han ambicionado, y dar el pésame a los andaluces en general y muy en particular a los ciudadanos y ciudadanas cordobeses, que una vez más, han visto frustrado su legítimo derecho al gobierno de una entidad de la que son los únicos propietarios... o deberían serlo.

Ayer fue el Gobierno del PP, hoy ha sido el Gobierno de la Junta de Andalucía el que se ha plegado y renunciado a la posición que en la anterior legislatura mantuvo con toda legitimidad y en defensa del interés público; desconocemos qué razones, intereses o contrapartidas le han movido, pero en cualquier caso no compartimos este acuerdo que, además, pretenden elevar a Ley con la inefable colaboración de Izquierda Unida.

Quedan, no obstante, páginas por escribir: sobre las competencias que en los futuros Estatutos de la entidad se reconocerán al presidente ejecutivo, sobre la famosa póliza de Castillejo, sobre las irregularidades en la Obra Social... sobre los trapos sucios, en fin, que una y otra parte se han ido sacando desde 1999, sin importarles el daño que hacían a la imagen de la caja. Ahora el viaje ha concluido volviendo a la situación de privilegio anterior a 1999: un viaje a ninguna parte para el que podían haberse ahorrado las alforjas.

Como conclusión, desde CC OO seguiremos defendiendo que Cajasur sea devuelta a los andaluces y a los cordobeses en particular y le sean de aplicación las Leyes ordinarias que regulan al resto de entidades de ahorro de Andalucía. Tal vez algún día el viaje concluya donde el sentido común, el principio democrático y el interés de la sociedad andaluza dictan.

Javier Rosaleny es secretario general de la federación de servicios financieros y administrativos de CC OO en Andalucía.