El PSOE pide que Aguirre aclare la crisis de la Cámara de Cuentas

El PP dice que los socialistas buscan la confrontación entre poderes

Madrid - 14 dic 2004 - 00:00CET

La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea, Ruth Porta, anunció ayer que su grupo pedirá la comparecencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, para explicar si hizo un "uso indebido" de la firma del entonces presidente de la Cámara de Cuentas Ramón Muñoz, cuando "presentó en su nombre su dimisión" en mayo pasado. El PP replica que el Gobierno es ajeno a este órgano fiscalizador.

Muñoz ha presentado un contencioso contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea donde se aceptaba su dimisión que, según él, no presentó en el registro parlamentario. (Véase EL PAÍS de ayer). Por eso, la portavoz socialista ha denunciado "la caótica gestión de esta crisis" por parte de la presidenta regional, a quien acusa de actuar "con imposición y falta de criterio".

"Esperanza Aguirre erró de forma garrafal al optar por Ramón Muñoz como presidente de la Cámara de Cuentas, y su falta de criterio ha provocado un grandísimo daño en este órgano que tiene una importantísima competencia sobre toda la fiscalidad de las cuentas públicas de la Administración madrileña", explicó.

La portavoz socialista reivindicó que "las instituciones no pueden estar al albur de las ocurrencias de Aguirre", a la vez que aseguró que "si la Cámara de Cuentas tiene hoy un nuevo presidente es porque el Partido Socialista", que denunció en su momento la "mala" gestión de Muñoz, "ha actuado con responsabilidad institucional".

Por su parte, el portavoz popular, Antonio Beteta, acusó al PSOE de atacar los derechos individuales de las personas, "actuando de una manera puramente goebbelsiana" por su "injerencia permanente en los órganos de control al Gobierno", como en lo que respecta al caso de la Cámara de Cuentas. "Una mentira por repetirla cien veces no se convierte en verdad", aseguró Beteta.

"Falta de criterio"

Beteta salía así al paso de las declaraciones efectuadas ayer por la portavoz adjunta socialista, Ruth Porta, quien aseguró que la crisis del citado organismo pone de manifiesto "la falta de criterio" de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. A juicio de Beteta, esa manera de actuar de los socialistas, "forma parte de la mentalidad del PSOE de intentar promover la confrontación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como lo intentó con el Tribunal de Cuentas del Reino y lo está intentando con la Ley Orgánica reguladora del Poder Judicial".

El portavoz popular destacó también que "como ya no existe un problema en la Cámara de Cuentas, consideran que el ejercicio de un derecho individual, por un problema de uno de sus miembros, es un problema de la institución, lo cual es falso".

"Es su modo detestable de entender la política", argumentó el portavoz popular, quien añadió que la Asamblea de Madrid "ha resuelto el tema de la Cámara de Cuentas. Cualquier otra injerencia es incoveniente".

Muñoz ejerce su derecho, dice el PP

Para el PP, la presentación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ramón Muñoz contra la decisión de la Mesa de la Asamblea que aceptaba su dimisión es una "decisión personal" y el ejercicio de un "derecho fundamental" del ex presidente de la Cámara.

Pedro Muñoz Abrines, portavoz de Presupuestos del grupo parlamentario popular, asegura que su partido "no tiene nada que decir al respecto". "El contencioso es una interpretación personal, individual y Muñoz está en su derecho", señala. "La supuesta crisis de la Cámara se acabó hace meses cuando se llevó a cabo el cambio de presidente", insiste.

El portavoz de Presupuestos destacó que la Cámara de Cuentas "funciona ya con normalidad y cumple su trabajo. Además, resaltó que este organismo está recibiendo las alegaciones a la Cuenta General de 2003 y el resto de las fiscalizaciones están siguiendo su tramitación.

La destitución de Ramón Muñoz, que sigue siendo consejero de la Cámara a propuesta del PP, fue decidida por este partido después de comprobar el fuerte enfrentamiento que existía entre los consejeros, incluido el secretario general, José Luis Monzó. Éste había denunciado una serie de supuestas irregularidades en la gestión, entre ellas que Muñoz no le hacía llegar la documentación necesaria para convocar el consejo.

El PP consiguió que Muñoz firmase su carta de dimisión. Luego, sin que el ex presidente lo supiera, la entregó en el registro de la Asamblea. Muñoz se rebeló y afirmó que la carta no era válida. El equipo jurídico de la Asamblea determinó lo contrario y ahora Muñoz ha llevado el asunto a los tribunales.

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