El patrocinio concedido por el Gobierno al Athletic vulnera la ley de Contratos

El patrocinio recientemente suscrito entre el Gobierno vasco y el Athletic de Bilbao según el cual el club recibe 450.000 euros a cambio de que los jugadores luzcan en la camiseta la palabra Euskadi en los partidos de la UEFA adolece, según los juristas consultados por este periódico, de un grave defecto de origen. Los entes públicos, según señala el artículo 20 de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no pueden establecer ningún tipo de contratos con quienes no se hallen "al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social". Sabido es que el Athletic está inmerso en un caso de fraude fiscal con la Hacienda foral vizcaína al haber declarado sólo los ingresos netos (y no los brutos) de varios de su futbolistas desde 1996. Actualmente, el Athletic negocia con la Diputación foral de Vizcaya la cuantía de lo defraudado y el calendario de pago que podría extenderse más allá de diez años.

Existe además un precedente en contra de este tipo de ayudas. Hace dos años, en septiembre de 2002, la Diputación de Vizcaya aprobó un convenio de colaboración con el Athletic en virtud del cual el club recibió seis millones de euros. A cambio, el Athletic sólo tuvo que lucir el logotipo de la Diputación en la ropa de entrenamiento de los jugadores profesionales e incluirlo en sus conferencias de prensa, tanto en Bilbao como en los desplazamientos. Hace sólo unos meses, el 7 de junio de 2004, el Tribunal Vasco de Cuentas emitió un informe en el que denunciaba que aquel "convenio de colaboración" era en realidad una subvención y que, por tanto, debía haberse otorgado aplicando los principios de publicidad y concurrencia. "En nuestra opinión", señaló entonces el Tribunal, "los mencionados principios son exigibles a toda ayuda o subvención, por lo que en este caso la Diputación debió acreditar las circunstancias excepcionales que hubieran justificado la imposibilidad de aplicar dichos principios". Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas advertía de que "la elevada cuantía de esta ayuda hacía más adecuada la utilización de la vía de las subvenciones nominativas, aprobada por las Juntas Generales". Curiosamente, en la exposición de motivos de dicho acuerdo se aludía al "desequilibrio financiero del Athletic" y a que "la Diputación considera fundamental contribuir a su estabilidad financiera por su valor social como representante del Territorio". El fallo del Tribunal tuvo escaso eco. Ni la Diputación ni el Athletic se dieron por aludidos y los seis millones de euros pasaron a mejor vida.

Ahora la historia se repite con el Gobierno vasco. Al parecer, la decisión de insertar publicidad de Euskadi en la camiseta del Athletic para los dos partidos de la Copa de la UEFA (el acuerdo podría ampliarse si el Athletic se clasifica), se fraguó en negociaciones con la vicepresidencia del Gobierno vasco, que habría instrumentado dicho acuerdo a través del Departamento de Cultura, poco dotado económicamente para hacer frente a esta contraprestación económica. La inseguridad jurídica restó relevancia mediática a la decisión del Ejecutivo autonómico: ni hubo foto oficial, ni rueda de prensa conjunta. El presidente Lamikiz fue la única voz e imagen del acuerdo.